Un año desde que Sánchez amagó con dimitir: el Gobierno no ha impulsado ni un tercio de su plan contra los bulos y los ‘pseudomedios’

Pedro Sánchez se tomó hace justo un año una pausa histórica: cinco días de reflexión para decidir si merecía o no la pena seguir al frente del Gobierno después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, imputada más tarde por cuatro delitos. El resultado ya es historia: decidió seguir “con más fuerza si cabe”. Pero esta decisión estuvo acompañada de un aviso a navegantes, ya que el dirigente socialista se comprometió a trabajar “sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades”.

Desde ese momento, el presidente del Ejecutivo centró el tiro en “los bulos” y los “pseudomedios”, concretando casi cinco meses más tarde un Plan de Acción por la Democracia para reforzar “la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información”. De las 31 medidas incluidas, el Ejecutivo solo ha podido aprobar o comenzar a desplegar nueve de ellas, que pretende rematar en los próximos meses. En todo caso, prevé desarrollar las principales reformas pendientes a lo largo de 2025, más de un año después del periodo de reflexión que tuvo al país en vilo y sumió al PSOE en la máxima incertidumbre por la ausencia de un liderazgo alternativo a Pedro Sánchez.

En octubre, el Gobierno aprobó las dos primeras medidas: el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y la ampliación y modificación de la plantilla del Ministerio Fiscal para crear dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado para avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada.

En diciembre, dio luz verde a un plan de ayudas a medios de comunicación dotado con 124,5 millones de euros para contribuir a su fortalecimiento y a su digitalización. También, el Consejo de Ministros aprobó en enero el anteproyecto de la ley de transparencia e integridad de los grupos de interés e impulsó el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.

De las 199 propuestas normativas contempladas en el Plan Normativo Anual (PAN) de 2025, aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada, el Gobierno incorporó las principales reformas recogidas en el denominado Plan de Acción por la Democracia, presentado a mediados de septiembre. Entre ellas figuran la ley para crear el registro de medios de comunicación, la norma para regular la financiación institucional, las modificaciones para proteger el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, y el derecho a la rectificación, o la nueva ley de secretos oficiales.

Con la ley de publicidad y comunicación institucional, el Gobierno busca “a introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”. Según añade el plan aprobado en septiembre, la medida reformará la Ley de Publicidad institucional para “garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad”.

Asimismo, el Gobierno quiere consolidar a lo largo de 2025 la ley que impulsa “la gobernanza democrática en servicios digitales y crea el registro de medios de comunicación”, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado mes de febrero. El texto otorga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la coordinación de los servicios digitales y refuerza sus competencias en materia de supervisión de medios de comunicación.

Con la norma, se creará un registro público estatal de medios de comunicación para “avanzar en la transparencia” acerca de su propiedad y vías de financiación, y establece un régimen sancionador en materia de servicios digitales, con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta alcanzar el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves.

A finales del año pasado, el Gobierno dio el primer paso para obligar a los usuarios relevantes de redes sociales a rectificar sus bulos a través de la Ley Orgánica para el derecho a la rectificación. En esta línea, el Ejecutivo tiene previsto impulsar este año la norma para proteger el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Según el PAN, el texto actualizará la normativa vigente para “adaptarla a los nuevos medios de comunicación personal y profesional de una sociedad globalizada, así como mejorar la protección frente a los efectos que, de manera inmediata y permanente, pueden producirse con estos medios”.

El Ejecutivo puso recientemente la primera piedra para que sea obligatorio celebrar al menos un debate en los medios de comunicación públicos durante cada campaña electoral y que las encuestas publicadas durante este periodo den acceso a los ficheros de microdatos. Asimismo, el Gobierno reformará la ley de financiación de los partidos para “reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada”.

También, el Gobierno vuelve a incorporar en sus previsiones una cuenta pendiente desde hace varias legislaturas, cuyo compromiso se incluyó en el Plan de Acción por la Democracia: la ley de información clasificada, que sustituye la normativa franquista de secretos oficiales. “Su finalidad es adecuar el ordenamiento jurídico español a las necesidades actuales y adaptarlo a los estándares internacionales en materia de información clasificada, dentro del marco previsto en el artículo 105.b) de la Constitución Española, según el cual la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, ‘salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas’”, recoge el PAN.