El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por una trabajadora de una residencia para mayores contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 8 de Zaragoza, confirmando así la resolución que denegó el reconocimiento de una incapacidad permanente total derivada de enfermedad común. En consecuencia, se ha ratificado que la mujer no cumple los requisitos para ser declarada incapacitada de manera permanente para el ejercicio de su profesión habitual de gerocultora y supervisora de residencia.
La afectada, nacida en 1989 y afiliada al régimen general de la Seguridad Social, trabajaba como gerocultora y supervisora de residencia en la empresa Vitalia Home SL cuando, el 20 de julio de 2022, causó baja médica por un trastorno del estado de ánimo. Posteriormente, agotó el periodo máximo de incapacidad temporal (IT) el 15 de enero de 2024, lo que llevó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a iniciar de oficio el procedimiento para evaluar si procedía reconocerle una incapacidad permanente.
Tras el estudio del caso, el INSS dictó resolución el 21 de febrero de 2024 denegando la prestación por incapacidad permanente total, al considerar que la trabajadora no presentaba limitaciones que le impidieran desempeñar su profesión habitual.
Antecedentes de trauma infantil y dificultades en las relaciones sociales
El dictamen del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) concluyó que la mujer padecía episodios de pérdida de conciencia, trastorno ansioso-depresivo y migraña crónica. Sin embargo, los estudios médicos no evidenciaban alteraciones neurológicas ni cardiológicas de gravedad, y la trabajadora no presentaba déficits motores ni limitaciones de movilidad significativas.
En el informe psiquiátrico, se reflejó que la trabajadora tenía antecedentes de trauma infantil y dificultades en las relaciones sociales, con un historial de ansiedad desde los 18 años. Su sintomatología depresiva se había intensificado en 2022 debido a problemas en el entorno laboral, incluyendo conflictos con compañeras tras su ascenso a supervisora. En cuanto a los episodios sincopales, se indicó que no eran frecuentes y que iban precedidos de síntomas de advertencia (pródromos), lo que permitiría a la trabajadora anticiparlos.
Despido por ineptitud sobrevenida
Por otro lado, el profesiograma de auxiliar de geriatría establecía que sus funciones incluían la asistencia en la higiene de los residentes, cambios posturales, apoyo en la movilidad, distribución de comidas y otras tareas de atención. Un informe médico emitido el 11 de abril de 2024 determinó que la afectada no era apta para su puesto, recomendando que no realizara tareas que implicaran carga física, bipedestación prolongada o toma de decisiones. Como consecuencia, la empresa le notificó su despido por ineptitud sobrevenida el 19 de abril de 2024, resolución que la trabajadora impugnó judicialmente en un proceso aún pendiente.
Agotada la vía administrativa, la trabajadora presentó demanda ante el Juzgado de lo Social nº 8 de Zaragoza, solicitando el reconocimiento de la incapacidad permanente total. Sin embargo, el tribunal desestimó su pretensión en una sentencia dictada el 8 de noviembre de 2024, al considerar que las patologías que sufría no le impedían desempeñar las tareas esenciales de su profesión.
Contra dicha resolución, la trabajadora interpuso recurso de suplicación ante el TSJ de Aragón, alegando errores en la valoración de la prueba y en la aplicación de la normativa sobre incapacidad permanente. El INSS impugnó el recurso, sosteniendo que la resolución denegatoria se ajustaba a derecho.
Mínimo de eficacia y seguridad
El tribunal ha concluido ahora que, si bien la demandante presenta un cuadro clínico con trastorno ansioso-depresivo, migraña crónica y episodios de pérdida de conciencia, no se acredita que estas afecciones le impidan desempeñar las tareas fundamentales de su trabajo con un mínimo de eficacia y seguridad.
Destaca que los episodios sincopales que sufre no son de alta frecuencia y van precedidos de síntomas que le permiten anticipar su aparición. Además, se indica que la afectación psiquiátrica no ha sido un impedimento para el desempeño de su labor en el pasado y que los estudios médicos no revelan alteraciones significativas que justifiquen la declaración de incapacidad permanente.
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