Primer juicio para que los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca se consideren accidente laboral: “Al menos no los dejes colgados”

Pedro García es profesor de Física y Química y en 2021 trabajaba en el Institut Infanta Isabel d’Aragó. Había pasado casi un año desde el inicio de la pandemia de Covid-19, y por primera vez se empezaban a ver las primeras luces al final del camino gracias a las vacunas que se estaban comenzando a administrar.

Uno de los primeros grupos en recibirlas fueron los trabajadores esenciales. Primero, los médicos y el personal de los hospitales. Después, los profesores, a quienes les tocó recibir la vacuna de AstraZeneca. Por responsabilidad y compromiso cívico, estos colectivos profesionales se vacunaron masivamente.

Pedro fue uno de ellos. En conversación con Infobae España, relata que recibió un mail de la directora del centro, reenviado de las consejerías de Sanidad y de Educación, donde les informaban del proceso para incluirse en las listas de vacunación y cómo pedir cita. “A nosotros se nos asignó una vacuna en función del trabajo”, explica. De no haber sido profesor, por su grupo de edad le habría tocado la de Pfizer o Moderna.

Trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacunas

Se vacunó el 24 de febrero de ese año y en las semanas siguientes empezó a sentir un dolor abdominal, “pero no lo achacaba a la vacuna, hasta que un día empecé a sangrar por la boca”. “Fui directamente al hospital y allí, al hacerme los TACs, me encontraron un trombo en el pulmón. Al día siguiente me encontraron el trombo de la zona abdominal, que es la zona donde está la vena que va al hígado. Estaba 100% taponada y tenía bajada de plaquetas”, relata.

Esto le obligó a estar una semana ingresado en la UCI, desde el 17 de marzo, más casi un mes en el hospital y un año y medio de baja. Según el diagnóstico, el cuadro clínico era “sugestivo de trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacunas”.

Sin embargo, los problemas no acabaron ahí. La trombosis le ha dejado secuelas de por vida y, aunque ahora mismo se encuentra bien, la vena que va al hígado la tiene taponada “ya para siempre”. “De momento mi hígado funciona, pero puede ser que de aquí a dos años no”, lamenta.

Esto ha llevado a Pedro García, igual que a otros cientos de afectados, a iniciar una lucha para conseguir que lo que sufrió se considere como accidente laboral y no como enfermedad común, como está acreditado en este momento. “No es lo mismo que te incapaciten por contingencia laboral que por enfermedad común”, explica, ya que la primera viene acompañada de una serie de beneficios.

A juicio el 17 de marzo

Ante la negativa de las instituciones a esta solicitud, Pedro ha tenido que recurrir a los tribunales: el próximo 17 de marzo dará comienzo el juicio en el que reclama este cambio.

Para su demanda, cuenta con el abogado especializado en litigios de Derecho Sanitario y Responsabilidad Patrimonial de la Administración, Francesc Feliu. El letrado explica a Infobae España que el argumento que van a defender es que existe “un vínculo laboral” entre la administración de la vacuna Astrazeneca y su trombosis.

“Entonces montamos una estrategia jurídica en donde nos basamos en la Ley General de la Seguridad Social. Entendemos que en ese llamamiento activo y pasivo, de prácticamente incluso de obligación [de ponerse la vacuna], pues había un vínculo laboral”, relata Feliu.

El letrado explica que “cuando empezaron a salir todas las bajas asociadas a la Covid, inicialmente el Gobierno lo reconoció como accidente laboral e intervinieron las mutuas. Luego se cambió y ahora tramitan todas las bajas por enfermedad común”.

En litigios como estos, existe un principal obstáculo: acreditar la relación de causalidad. Sin embargo, en el caso de Pedro García hay una ventaja, y es que el “propio Ministerio de Sanidad ha reconocido a través de la Agencia Española del Medicamento que en su caso hay un vínculo directo con la vacunación con AstraZeneca”, y “esa es la principal herramienta”.

“Al final, el Plan estratégico de vacunación del Estado decía que era una obligación ética, moral e incluso legal”, añade Feliu, y denuncia que entiende que puede haber una campaña de salud pública, pero que “si la gente decide vacunarse, al menos no los dejes colgados. Hazte cargo de eso”.