Nadie quiere el Estatuto Marco de Sanidad: médicos y autonomías muestran su rechazo a las propuestas de Mónica García

La reforma del Estatuto Marco sanitario lleva 20 años pendiente y los primeros pasos para su modificación se han dado de bruces con el rechazo de médicos y comunidades autónomas. El borrador de la norma elaborado por el Ministerio de Sanidad propone un nuevo régimen de incompatibilidades entre la sanidad pública y la privada para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), un asunto que no ha gustado nada entre los sindicatos médicos que se consideran los principales afectados.

Los cambios respecto a las guardias, la clasificación profesional y el citado régimen de incompatibilidades han hecho saltar las alarmas a las organizaciones dentro de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que han convocado este jueves una manifestación frente al Ministerio de Sanidad.

El aspecto más criticado ha sido la exclusividad de jefes de servicio y otros directivos y gestores, a quien se pedirá trabajar en la sanidad pública sin compaginar sus labores con contratos en la privada. El objetivo del ministerio es evitar grandes sobresueldos y conflictos de interés para garantizar “un desempeño ético en las funciones directivas y de gestión”, han aclarado desde la cartera de Mónica García.

La exclusividad se extendería también a los médicos que, una vez finalizado el MIR, empiecen su primer contrato en la sanidad pública. Este régimen de incompatibilidades, según los sindicatos, afecta principalmente a los médicos y puede suponer una “pérdida inevitable de talento y experiencia” en la seguridad social, así como un empuje para los facultativos más jóvenes hacia la sanidad privada.

Guardias y clasificación profesional

La reducción de las guardias médicas ha sido uno de los objetivos del ministerio de García desde el inicio de la legislatura. El borrador del Estatuto Marco propone que pasen de 24 a 17 horas, pero con un matiz: en caso de necesidades del servicio, se podrán volver a ampliar. Los médicos han interpretado esta última aclaración como una posibilidad de que el sistema te exija devolver esos días descansados en horas de trabajo, aunque Sanidad se ha comprometido a modificar la redacción del texto para que no sea “una vía de escape para que no se cumplan las 17 horas”.

Las organizaciones médicas han pedido asimismo la voluntariedad de las guardias, regular las guardias localizadas y establecer el descanso obligatorio y computable como tiempo trabajado, además de unas retribuciones al menos iguales a la hora ordinaria durante las guardias, con complementos de nocturnidad y festividad.

La reclasificación profesional también se posiciona como un punto de conflicto: la propuesta del ministerio busca reorganizar las categorías laborales mediante la adaptación del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU), estableciendo ocho niveles de clasificación. Sin embargo, esta reestructuración no contempla un incremento en las retribuciones económicas de los profesionales afectados, lo que ha generado inquietud en el sector. Para el secretario general de CESM, Víctor Pedrera Carbonel, se trata de “una tomadura de pelo”, según expresó en declaraciones a Infobae España.

Este punto tampoco ha convencido a las enfermeras. Desde SATSE han valorado este “paso adelante” pero tienen claro que no habrá acuerdo “con una pseudoclasificación profesional”.

Ante todos estos choques, CESM ha pedido la creación de un estatuto propio para los médicos, que pueda regular “las especiales características” de la profesión .

Un estatuto “lesivo”, denuncian las comunidades autónomas

El borrador de la norma tampoco ha contentado a las autonomías, cuyos consejeros han tildado de “lesivo” el texto presentado. Son las comunidades del Partido Popular las que lideran las críticas al documento, que señalan como ”regresivo" y aseguran que “adolece de deficiencias técnicas”, según expresó la consejera madrileña, Fátima Matute, a la salida de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

La oposición ha sido aún más frontal desde la Región de Murcia, donde la Asamblea Regional aprobó el martes una modificación de su Ley 5/2011, que permitirá a los jefes de servicio ejercer tanto en la sanidad pública como en la privada. Desde Vox, partido que presentó la iniciativa legislativa, defienden que la colaboración público-privada “es necesaria para sostener y mejorar nuestro sistema sanitario”.

Aunque los consejeros han expresado que hay puntos de consenso, también han dejado claro que ven en el borrador unas “líneas rojas” que no piensan negociar.

¿Un parón en las negociaciones?

Mientras las críticas y el debate se sucede, CSIF, CCOO, UGT Servicios Públicos, CIG Saúde y FSES han amenazado con suspender los próximos encuentros hasta que se produzca “una reunión urgente para establecer y aclarar los términos en los que se debe llevar la negociación del Estatuto Marco”. Las reuniones debían continuar este jueves, pero su rechazo podría suponer un parón en la tramitación de la nueva ley.

Las organizaciones entienden que se “está desvirtuando el proceso de negociación”, a lo que se une la exposición mediática y la “desvirtuación de la información que se ha generado al respecto”.