Un extranjero se queda sin nacionalidad española porque el Ministerio no resuelve en plazo su petición, recurre y se la conceden tras el silencio administrativo

Un reciente fallo de la Audiencia Nacional ha puesto fin a un procedimiento judicial iniciado por un ciudadano, que había presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Justicia debido a la desestimación presunta de su solicitud de nacionalidad española por residencia.

Este caso destaca como un ejemplo de satisfacción extraprocesal, una figura jurídica que permite resolver conflictos fuera del ámbito estrictamente judicial cuando las pretensiones de las partes son reconocidas en la vía administrativa.

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El proceso comenzó tras la falta de respuesta del Ministerio de Justicia a la solicitud de nacionalidad española del afectado, lo que derivó en un supuesto de silencio administrativo negativo. Representado por el procurador José Andrés Peralta de la Torre, el recurrente interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional, argumentando la desestimación tácita de su petición. Este tipo de recursos se ha convertido en una herramienta clave para ciudadanos cuyos procedimientos administrativos enfrentan demoras prolongadas o resoluciones desfavorables.

El caso fue admitido a trámite el 11 de abril de 2024, iniciándose un procedimiento ordinario para revisar la actuación del Ministerio de Justicia en relación con la solicitud del recurrente.

Una resolución favorable

Durante el curso del proceso judicial, el Ministerio de Justicia remitió al tribunal un listado de solicitantes a quienes se había concedido la nacionalidad española por residencia. Entre los beneficiarios figuraba el nombre del recurrente, quien finalmente obtuvo la resolución favorable que había estado esperando. Ante este reconocimiento administrativo, la Audiencia Nacional dio traslado del expediente a las partes implicadas para que presentaran sus alegaciones.

El demandante expresó su conformidad con la terminación del procedimiento, mientras que el Abogado del Estado no formuló ninguna oposición. Esto permitió al tribunal avanzar hacia una resolución que pusiera fin al proceso.

El tribunal, presidido por el magistrado Fernando Luis Ruiz Piñeiro, declaró terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal, al haberse extinguido el objeto del litigio tras el reconocimiento administrativo de las pretensiones del recurrente. En consecuencia, ordenó el archivo de las actuaciones y la devolución del expediente administrativo al Ministerio de Justicia. Además, se instruyó la incorporación de una certificación literal al recurso y el registro del documento en el libro correspondiente.

Adquisición de la nacionalidad española

La nacionalidad española representa un vínculo jurídico que une a una persona con el Estado español, otorgándole derechos fundamentales y definiendo su estatuto jurídico como ciudadano. La adquisición de la nacionalidad puede llevarse a cabo a través de diferentes vías, dependiendo de las circunstancias del interesado y de los vínculos con España.

La naturalización es el proceso mediante el cual una persona extranjera adquiere la nacionalidad española. Este procedimiento está abierto tanto a ciudadanos de la Unión Europea como a aquellos que no forman parte de la misma. El derecho español establece cuatro vías principales para adquirir la nacionalidad española:

1. Por opción: Relacionada con vínculos familiares, como haber estado bajo la patria potestad de un español, o ser descendiente de españoles nacidos en España. También contempla casos especiales, como los descendientes de exiliados españoles bajo la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Memoria Histórica.
2. Por carta de naturaleza: Otorgada de manera discrecional por el Gobierno mediante un Real Decreto, en función de circunstancias excepcionales, como méritos culturales, deportivos o históricos, entre otros. Un caso especial es el de los sefardíes originarios de España, quienes pueden acceder a un procedimiento específico.
3. Por residencia: Es el método más común y exige haber residido legalmente en España durante un tiempo determinado. La duración varía en función de factores como la nacionalidad del solicitante o circunstancias personales (por ejemplo, los refugiados necesitan cinco años, mientras que los nacionales de países iberoamericanos solo dos). Además, los solicitantes deben demostrar buena conducta cívica y superar pruebas de integración en la sociedad española.
4. Por posesión de estado: Esta vía poco frecuente aplica cuando una persona ha utilizado y poseído la nacionalidad española de buena fe durante al menos diez años, siempre que exista un título de nacionalidad inscrito en el Registro Civil, incluso si dicho título fue anulado.