
El futuro del caso Malinche está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid. La defensa de Nacho Cano y otros cuatro responsables del musical ha pedido el archivo de la causa en sendos recursos de apelación presentados contra resoluciones de la jueza. Será el próximo 23 de enero cuando la Audiencia madrileña se pronuncie por primera vez sobre la investigación, según una resolución judicial a la que ha tenido acceso Infobae España.
Los magistrados de la Sección Primera deliberarán sobre el primero de los recursos presentado por los abogados de Nacho Cano. En él, sus abogados alegan la “nulidad” de parte del atestado policial que dio origen a la causa, así como la “ausencia de indicios de criminalidad” contra el productor musical, que declaró este lunes en calidad de investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de favorecimiento de la inmigración irregular. Ante la jueza, negó cualquier tipo de irregularidad en el programa de becas y dijo que delegó las labores de captación de los estudiantes mexicanos porque su labor es la de “director artístico”. Para Nacho Cano no hay caso, sino una “fabricación política” por su amistad con Isabel Díaz Ayuso.
En ese mismo recurso, la defensa critica la “manifiesta deriva de la instrucción” y considera “de extrema gravedad” que la jueza Inmaculada Iglesias no atienda a sus peticiones en resoluciones que carecen de “una mínima fundamentación jurídica”. Todo esto es previo a la denuncia que presentaron los abogados de Nacho Cano contra la magistrada por un delito de prevaricación y otros contra sus derechos fundamentales, que posteriormente fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Ausencia de indicios
El primer delito que la jueza imputa a Nacho Cano es el de favorecimiento de la inmigración irregular, por captar, presuntamente, a los becarios en México y obligarles a cruzar la frontera haciéndose pasar por turistas para obtener el permiso de estancia de 90 días, tal y como relató la mexicana Lesly ante la Policía Nacional y la propia jueza. En su recurso, los abogados del artista alegan que es completamente legal que, como “el 90 % de estudiantes de países que no requieren visado”, a los becarios se les tramitase en nuestro país el visado de estudiantes para los 10 meses de formación, “tal como estipula la legislación europea completamente aplicable en España desde 2018″.
El otro delito por el que se investiga al productor musical es contra los derechos de los trabajadores, supuestamente por utilizar el programa de becas en forma de “simulación” para explotar a los becarios, que según el atestado policial participaban en funciones del musical en sustitución de los actores titulares. Para la defensa de Nacho Cano este delito cae en el momento en el que el informe de la Inspección de Trabajo concluyó que no existía tal “relación laboral encubierta” y que las condiciones de los becarios entraban dentro de la legalidad.
Nuevo recurso
Los abogados de los investigados de Malinche, del despacho Cremades & Calvo Sotelo, han presentado recientemente un nuevo recurso de apelación al negarse la propia jueza a dar carpetazo a la causa. En este nuevo escrito recalcan que es “completamente inaceptable” que la instrucción siga su curso sin tener “en cuenta”, entre otras pruebas de descargo, el informe de la inspectora de Trabajo, que ratificó sus conclusiones ante la magistrada tras ser llamada a declarar como testigo.
A la espera de la resolución de la Audiencia madrileña, la jueza ha continuado con la instrucción sumando en las últimas fechas a dos nuevos investigados del entorno de Malinche, como lo son el productor ejecutivo y empresario David H. y el director de la Escuela Jana Producciones, Javier Alfonso M.
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