El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la apertura de una pieza separada en el caso Begoña Gómez para investigar al abogado de la esposa de Pedro Sánchez, Antonio Camacho, y los letrados de las acusaciones populares que ejercen el partido político Vox y la asociación Hazte Oír por revelar el “contenido” de la declaración de Gómez por el software de la Universidad Complutense de Madrid.
En un auto al que ha tenido acceso Infobae España, el magistrado señala que los tres letrados “casi a modo de rueda de prensa” ofrecieron ante los periodistas “públicamente el contenido de lo que había acontecido en la sede del juzgado pocos minutos antes”, en relación con la declaración de Begoña Gómez como investigada por el software de la Complutense.
Peinado recalca que anteriormente ya había apercibido a las partes al venirse “infringiendo” el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece que “las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral”. Así, el magistrado instructor investigará la actuación de Camacho y los letrados Marta Castro (Vox) y Javier María Pérez-Roldán (Hazte Oír), que se podrían enfrentar a multas de entre 500 y 10.000 euros.
El auto del juez destaca que “al término de las diferentes diligencias que se vienen practicando en las presentes actuaciones, y más en concreto, de las declaraciones que se prestan personalmente en la sede de este Juzgado, por parte de diferentes letrados de algunas partes procesales, se comentan y revela el contenido de las mismas en las inmediaciones de la sede del edificio de los Juzgados de Instrucción de Madrid”, en los alrededores de la Plaza de Castilla.
“Un atropello” contra la libertad de información
Ante la apertura de esta pieza separada, desde el autodenominado “antipartido” Iustitia Europa, que también ejerce la acusación popular contra Begoña Gómez, anuncian que pedirán “amparo inmediato” al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ante lo que consideran un “atropello” al derecho constitucional de libertad de información y “abundante jurisprudencia constitucional”.
El anuncio de la apertura de esta pieza separada se ha producido en el marco de la declaración como testigo de la asesora de Moncloa María Cristina Álvarez, quien ha dicho ante el juez que Begoña Gómez la nombró como directora de programas de Presidencia del Gobierno para ser su “persona de confianza”, un cargo que, ha apostillado, tenían otras mujeres de presidentes del Gobierno.
La testigo ha explicado a preguntas de las partes que entre sus funciones está la gestión de la agenda “institucional y privada” de la esposa de Pedro Sánchez y, en definitiva, “buscar un entorno seguro, eficiente y discreto” para Gómez “las 24 horas del día”. Por esas labores ha revelado que percibe un sueldo de 49.000 euros brutos al año pagado por Presidencia del Gobierno.
No obstante, la asesora ha titubeado a la hora de tener que explicar las funciones concretas que tenía encomendadas como directora de Programas de Moncloa. De hecho, el juez le ha apercibido por las evasivas en sus respuestas. “No me acuerdo”, ha repetido la testigo durante la declaración. Al término de la misma, el magistrado le ha solicitado el número de su teléfono móvil oficial que utiliza en su puesto de trabajo.
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