Corría mayo de 2024 tras la victoria de Salvador Illa en las elecciones catalanas tras 14 años de independentismo, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció, de nuevo, su mano a la Generalitat, prometiendo varios ejes para los catalanes: una “mejor y mayor financiación” para la comunidad autónoma, respeto a la lengua y cultura catalana y mayor inversión en infraestructuras. Además, la figura de Junts ya estaba ojo avizor desde que en noviembre de 2023 firmara un pacto con el PSOE con varios puntos que debían de cumplir para así darle vía libre a la investidura de Sánchez, entre los que se encontraba la ley de amnistía para los políticos, líderes catalanes y ciudadanos implicados en el procés o independencia financiera.
Precisamente a finales de ese mes de mayo, el día 30, el Congreso aprobó dicha ley a los encausados por el proceso independentista de Cataluña, siendo Carles Puigdemont su principal beneficiario. Sin embargo, el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, confirmó el pasado 10 de septiembre que no aplicaría la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación cometidos para promover el referéndum del 1 de octubre de 2017. El líder catalán, que volvió a España el pasado 8 de agosto tras siete años fugado viviendo en Bruselas, se encuentra a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional. En última instancia, Puigdemont podría recurrir al tribunal de garantías.
Un poco más tarde llegó el concierto económico, ‘cupo catalán’ o financiación “singular” de Cataluña. Estos han sido algunos de los nombres que se ha otorgado al pacto que llegaron socialistas y republicanos para investir a Salvador Illa president de la Generalitat. El preacuerdo llegó el pasado 30 de julio, después de que ERC fijara el día 31 de ese mes como fecha límite para cerrar con los socialistas un acuerdo que permitiría investir a Salvador Illa (PSC) como president de la Generalitat. El modelo de financiamiento de esta comunidad autónoma estará basado “en la negociación bilateral con el Estado”, y será la Generalitat la que “gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados (y generados) en Cataluña” a través de la Agencia Tributaria de Cataluña.
Junts hace presión contra Sánchez
Sin embargo, esto aún sigue parado a la espera de conocer el diseño del nuevo modelo. Este estará dirigido por el economista Martí Carnicer, quien coordinará un grupo de expertos para asesorar el Departamento de Economía de la Generalitat. Por ahora no se conocen más novedades.
Respecto al “respeto a la lengua y cultura catalana” que hablaba Sánchez y que pide Junts sigue sin hacerse realidad. “El catalán no es lengua oficial de Europa por la falta de implicación de Pedro Sánchez”, criticó Puigdemont el lunes. El uso del catalán en el Parlamento Europeo sigue encallado pese a que pluralidad de lenguas que ya es una realidad en la Comisión Europea, el Consejo o el Comité de Regiones. Por ahora, el euskera y el gallego tampoco son viables en la Eurocámara.
Mientras tanto Juts continúa presionando al presidente del Gobierno para que cumpla con el pacto de investidura que se firmó en noviembre de 2023 entre el PSOE y el partido que preside Carles Puigdemont. En el texto firmado hace ya más de un año, se reconocían sus “profundas discrepancias”, además de “desconfianzas mutuas”, algo que continúa a día de hoy. “Continúa demostrando que no es de fiar”, dijo Puigdemont en una rueda de presa desde Bruselas este lunes, 9 de diciembre, para hacer balance del cumplimiento del acuerdo. Esto, en un momento en el que ambos ultiman un acuerdo para ceder a Cataluña las competencias de migración y favorecer los Presupuestos de 2025, y en el que además Puigdemont instó a Pedro Sánchez a someterse a una moción de confianza y se alió con el PP para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.