El Gobierno y Junts ultiman un acuerdo para ceder a Cataluña las competencias de migración y favorecer los Presupuestos

El Gobierno y Junts perfilan un pacto en torno a la cesión de las competencias en materia de migración a Cataluña, una comunidad gobernada ahora por el socialista Salvador Illa. Precisamente, el dirigente del PSC adelantó la semana pasada que el traspaso está al caer. “Yo le podría responder que la Generalitat no tiene todavía, porque parece que las va a tener pronto, competencias en inmigración. No sé si conocía esta noticia. Yo me alegro (de tenerlas). Pero no escondo la cabeza bajo el ala”, afirmó el president en el Parlamento catalán en su respuesta a la pregunta del portavoz autonómico de Vox, Ignacio Garriga.

Fuentes del grupo de Carles Puigdemont en el Congreso reconocieron hace unos días que las negociaciones iban bien encaminadas y esperaban cerrar el acuerdo antes del final de año. En este sentido, desde Moncloa, sin desvelar detalles sobre el eventual acuerdo, confirman que esta cuestión se está negociando y deslizan la posibilidad de que se cierre antes de que termine 2024.

A diferencia de Junts, que quiere tener un texto pactado a lo largo de este mes de diciembre, en el Ejecutivo no se atreven a hablar de tiempos. Si bien, fuentes gubernamentales afirman ser conscientes de que esta cuestión acerca a Junts de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. “Llevamos varias votaciones con 179 votos” a favor, apostillan estas voces de la parte socialista del Gobierno sobre la racha favorable que empuja al Gobierno en el Congreso.

Como en la mayoría de las negociaciones, el hermetismo se impone. No obstante, Junts, que mira a su derecha en Cataluña ante el ascenso de la fuerza ultraderechista e independentista Aliança Catalana (AC), fijó sus líneas rojas en materia de migración en su congreso celebrado a finales de octubre. Entre ellas, el partido de Puigdemont acordó establecer un “modelo catalán de ciudadanía” para las personas migrantes, exigiendo el conocimiento de la lengua catalana. En su ponencia, Junts hablaba de “garantizar que la diversidad se gestiona en el marco de la catalanidad”.

Cabe recordar que el compromiso sobre el traspaso de estas competencias se acordó en enero, en el marco de una negociación in extremis entre el Gobierno y Junts para salvar los decretos sobre las medidas anticrisis y las reformas para la recepción de 10.000 millones de euros de los fondos europeos. El partido independentista permitió su convalidación tras pactar con los socialistas la “delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica por Cataluña”.

El Gobierno rebajó en enero el alcance del acuerdo

El comunicado, compartido solo por Junts, añadía que la cesión de esta competencia “irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña hacer una política integral, para que sea el Govern y el Parlament de Cataluña quienes determinen una política propia, adecuada a las necesidades ya la realidad de nuestro país [por la comunidad autónoma]”.

Posteriormente, dirigentes de Junts, como Míriam Nogueras, Jordi Turull o Laura Borràs ahondaron en esta línea, explicando que la cesión incluye la gestión “integral” de esa materia, incluidos los permisos de residencia y la expedición de documentos, así como los “flujos migratorios”. De hecho, el secretario general del partido echó de argumentos xenófobos al poner el foco en evitar la “multirreincidencia”.

Si bien, estas declaraciones contrastaron con la versión posterior del Gobierno, protagonizando informaciones contradictorias. Así, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, anticipó una discusión acerca de “los contenidos” y los “recursos” de un eventual cambio de normativa que, a todas luces, deberá discutirse en sede parlamentaria.

“El alcance y el perímetro es algo que tenemos que consensuar en el Congreso porque la ley requiere una mayoría cualificada; es aventurado trasladar ningún elemento ni ninguna cuestión porque nos quedan meses de discusión con Junts y el resto de grupos, y que esté en sintonía con lo que acabamos de pactar en Europa en ese pacto antiinmigración”.

En todo caso, aclaró que la medida forma parte de la estrategia de cogobernanza con las autonomías y que no se trataba de una transferencia de la titularidad, sino de una “delegación de competencias”, por lo que “la competencia sigue siendo del Estado”. “Se acordó una delegación de competencias al amparo de la Constitución y de la normativa de derecho comunitario, que prevé que tiene que materializarse a través de una ley orgánica en el Congreso”, apuntó a mediados de enero.