
El Gobierno no quiere espantar a Junts, un socio indispensable en el Congreso, y mide sus palabras, tanto en público como en privado, para referirse al doble órdago lanzado por el partido de Carles Puigdemont este lunes. Si bien, deja en manos del grupo parlamentario socialista las labores para frenar la ofensiva de los independentistas y así no mancharse las manos de cara a la negociación de los Presupuestos.
Junts protagonizó este lunes dos acciones que cabalgan en la dirección contraria a cualquier atisbo de entendimiento con el Gobierno. En un momento en el que ambos actores ultiman un acuerdo para ceder a Cataluña las competencias de migración y favorecer los Presupuestos de 2025, Carles Puigdemont instó a Pedro Sánchez a someterse a una moción de confianza. Horas más tarde, Junts se unió al PP para colar una enmienda en una ley del Gobierno para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica cuando no haya déficit de tarifa.
Ambas acciones cuentan con el rechazo de PSOE y Sumar, los partidos que conforman el Gobierno de coalición. Si bien, Moncloa deja en manos de sus grupos parlamentarios las fórmulas para frenar los intentos de Junts de dejar en evidencia al Ejecutivo. En esencia, la consigna del Ejecutivo es tensar la cuerda sin romperla, ya que una ruptura de las relaciones haría saltar por los aires la legislatura.
Por un lado, la Mesa del Congreso, donde el Gobierno tiene mayoría, estudiará el próximo martes si admite a trámite o no la proposición no de ley registrada por Junts que insta al Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. En una conversación informal con corresponsales políticos, Pedro Sánchez dejó claro que no se va a someter a una moción de confianza porque no la considera necesaria en este momento, además de recordar que esta es una prerrogativa del líder del Ejecutivo.
Precisamente, por este motivo, fuentes de la Presidencia avanzan que la decisión de la Mesa se adoptará en función de lo que opinen los letrados de la Cámara sobre esta iniciativa, advirtiendo de que no se puede dar por sentado que la propuesta vaya a prosperar. Según consta en el artículo 112 de la Carta Magna, “el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados”.
En todo caso, la herramienta de la que dispone la oposición para plantear un cambio de Gobierno es la moción de censura, que “deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno”, según señala el precepto 113 de la Constitución. Pero Carles Puigdemont no optó por esta fórmula, aunque denunció que “hoy Sánchez sigue demostrando que no es de fiar”.
El Gobierno tilda de “ciencia ficción” la pinza de PP y Junts
Por otro lado, PSOE y Sumar utilizaron este martes su mayoría en la mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso para suspender sine die el trámite de la ley en la que PP y Junts acordaron suspender el impuesto eléctrico, una medida que además contó con el respaldo de Vox, ERC y PNV. La iniciativa, que salió adelante a través de una enmienda transaccional del PP y Junts, regula la aplicación del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.
Actualmente, este tributo está fijado en el 7% y, según el PP, con su enmienda, pasará a tipo 0. En concreto, “la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas. En el caso de las Pymes, el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias”, señalan fuentes de los de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, que reducen el acuerdo con Junts a un pacto “ideológico”.

En todo caso, el Gobierno resta importancia a esta unión “puntual” entre ambas fuerzas ante la continua amenaza de un pacto entre Puigdemont y Feijóo para desbancar a Pedro Sánchez. Fuentes de Moncloa tildan de “ciencia ficción” la posibilidad de que Junts y PP se entiendan y defiende su capacidad negociadora: “Nosotros llegamos a acuerdos, ellos (PP) no llegan con nadie”, subrayan estas voces.
Tanto en público como en privado, en el Ejecutivo evitan criticar las palabras de Puigdemont sobre Sánchez e insisten en que siguen negociando de cara a los Presupuestos. De hecho, en Moncloa no quieren ni calificar la petición del expresidente de la Generalitat catalana de órdago. “Es un poco anómalo (la moción de confianza), vamos a ver qué dice la mesa, pero el presidente ya dijo que no era necesaria”, dicen fuentes gubernamentales.
Además de pedir discreción, la ministra portavoz, Pilar Alegría, tuvo un gesto con el partido independentista al aclarar desde la sala de prensa de Moncloa que “este Gobierno cumple con sus compromisos”. “Unos se pueden cumplir de manera más rápida, porque son más sencillos, y otros requieren mucho más tiempo, diálogo y negociación”, matizó la dirigente socialista tras las palabras de Puigdemont afeando que, “después de un año, las cosas no van bien”.
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