La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) trabaja contrarreloj por lanzar un nuevo concierto lo suficientemente atractivo para las aseguradoras. Asisa, Adeslas y DKV, que prestan sus servicios sanitarios a 1,08 millones de funcionarios y familiares, han rechazado las condiciones ofertadas por el Gobierno, que prometía una subida de un 17,12% en las primas. Un aumento insuficiente para las compañías que, aseguran, pierden 200 millones de euros al año.
El sistema de Muface, creado en época de Franco, permite a los funcionarios elegir entre una asistencia sanitaria pública y otra concertada, pero pagada por la administración. La falta de rentabilidad que alegan las aseguradoras amenaza con que se retiren definitivamente del sistema desde 2025 y coincide con una inflación del 16,1% entre 2021 y 2023, superior al crecimiento del presupuesto ejecutado en el concierto en el mismo periodo, un 9,5%. En paralelo, los datos muestran que las aseguradoras son una opción cada vez menos escogida por los trabajadores públicos y que el malestar con Muface aumenta.
En 2010, primer año de la serie histórica, el 82,9% de los funcionarios y familiares de Muface (1.290.936 personas) elegía la atención concertada, frente al 17,1% que escogía la vía pública del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 13 años después, el porcentaje de mutualistas y beneficiarios que elige a las aseguradoras ha caído al 70,3% y los que optan por la opción pública ya son un 29,7%. El aumento del presupuesto de los conciertos de asistencia sanitaria, del 26,2% en estos 13 años, y que alcanzó los 1.178 millones en 2023, no ha logrado frenar una caída del 16,3% en la cartera de clientes de las entidades. Hay varios motivos que lo explican.
“Ya no podemos seguir manteniendo el mismo nivel de calidad”
Fuentes de las aseguradoras reconocen a Infobae España que en los últimos años han ido “ajustando algunos cuadros médicos” ante lo que consideran un insuficiente aumento de la dotación del concierto, pero creen que ha llegado el límite: “Ya no podemos seguir manteniendo el mismo nivel de calidad porque la inflación se ha comido toda la subida de la financiación”, señalan. Más allá de la inflación, identifican varios factores que presionan el gasto al alza en el medio plazo: el envejecimiento, la digitalización y las subidas salariales que reivindican los médicos que, reconocen, perciben retribuciones “bajas”. La edad media de los mutualistas de Muface se sitúa ya en los 57 años.
En las aseguradoras son conscientes del descenso de su cartera de clientes de Muface y lo atribuyen a la incertidumbre en torno al sistema actual. “Una parte de la gente opta por la sanidad pública porque tiene dudas sobre la continuidad del modelo. En los últimos años, ha habido mucho debate sobre la viabilidad y el futuro de Muface”, reconocen. Las entidades privadas pierden clientes tanto entre los propios funcionarios como entre sus familiares, aunque la caída es más acelerada entre estos últimos. Algunos, como Esther, maestra de 32 años que lleva ya cinco en Muface, prefieren la familiaridad del sistema nacional frente al cambio a la privada. “Estoy muy contenta con los profesionales que me han atendido y siempre me he sentido segura en la Seguridad Social. Antepongo esa seguridad que a mí no me da un seguro privado”, cuenta.
Desde el Ministerio de Función Pública señalan que en los tres últimos años ha habido un crecimiento de los funcionarios que escogen el INSS por “el volumen de ingresos de docentes de primaria y secundaria a través de los procesos de estabilización y oposiciones”, personal que accede con edades medias de 49 y 38 años, respectivamente, y que ya tienen una atención consolidada en el servicio público de salud. No obstante, esto no explica la caída en la cartera de las aseguradoras, porque solo influye en las nuevas altas en el sistema público.
Maribel Loranca, secretaria de Enseñanza de UGT, también señala al factor del envejecimiento. “Cada vez se va necesitando más atención médica y más especializada para enfermedades crónicas o más graves y eso motiva que los de mayor edad se pasen a la prestación sanitaria por el INSS, en el que entienden que hay mejores médicos o donde les satisface más la prestación”, opina.
Descenso de médicos y de especialidades en la modalidad privada
La tendencia decreciente de funcionarios atendidos por las aseguradoras se produce a la vez que un aumento progresivo de las quejas presentadas y un repunte de las reclamaciones desde 2019, pero especialmente en 2021 y 2022, coincidiendo con la oleada inflacionista. En ese último año del que existen datos, las reclamaciones por la asistencia de las entidades concertadas ascendieron a 2.287 y las quejas a 1.026, un 26% y un 43% más que en 2019, respectivamente. Muface apenas aporta detalles sobre los factores que motivan estos casos, aunque sí especifica que solo el 8,6% de las reclamaciones tuvieron una resolución favorable para el mutualista.
Loranca señala que desde el sindicato sí están percibiendo este incremento porque las aseguradoras “han ido reduciendo el cuadro de facultativos” y se denuncian casos “de recorte de ciertas prestaciones sanitarias o bien de poner bastantes dificultades a la hora de permitir algunos de los servicios sanitarios”, como pruebas de diagnóstico. Además, ha empezado a haber listas de espera en estos sistemas privados, algo que hace unos años no existía.
Los convenios bianuales apenas muestran cambios en los servicios en los últimos años, salvo en casos como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, más limitados ahora en intentos y en cuanto a requisitos de edad que hace una década. Sin embargo, se han eliminado de las carteras ciertas atenciones en algunos hospitales y centros de salud. Solo en 2015, como recoge un documento elaborado por CSIF, se eliminaron las especialidades de oncología, radioterapia o pediatría de algunos hospitales incluidos en la Comunidad de Madrid. En esta misma autonomía, como ejemplo, Adeslas cuenta con más de 900 profesionales y centros médicos, pero ofrece un centenar menos a los beneficiarios de Muface.
Por otra parte, a la privada se le acusa de derivar los casos más complejos al sistema público. Una investigación elaborada por la Universidad de Las Palmas y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud señaló que los mutualistas tienen un 31% más de probabilidades de ser hospitalizados por cánceres metastásicos sólidos y no metastásicos en comparación con la población general. Una diferencia que consideran desproporcionada y “prueba indirecta” de que las entidades privadas evitaban tratar a los pacientes de mayor coste, como los enfermos de cáncer.