“La justicia ha fallado”: por qué se han librado de la cárcel los empresarios que explotaron sexualmente a menores en Murcia

Solo tres de las trece personas condenadas por participar en la trama que en 2014 explotó sexualmente a varias menores de edad en Murcia irán a prisión. La Justicia ordenó el pasado martes el ingreso en la cárcel durante seis años de las proxenetas Ruth D.T. y Nelly C.P. y del ‘taxista’ Walter D.M., al considerarlos máximos responsables de esa red, pero los empresarios que pagaron por tener sexo con las adolescentes han quedado libres, una decisión que ha provocado la indignación en la ciudad, donde en los últimos días se han llevado a cabo varias protestas al grito de “las menores no se tocan” o “las niñas se protegen”.

Aunque los hechos se hayan juzgado ahora, ocurrieron hace una década, cuando las chicas, que provenían de entornos vulnerables y fueron captadas en colegios y discotecas, tenían entre 14 y 17 años, mientras que la mayoría de los condenados superaba los 65 años y tenía un alto poder adquisitivo. “Estaban ejecutando una de las formas más graves de violencia contra las mujeres que se pueden acometer”, argumenta el auto judicial. Sin embargo, debido a un acuerdo con la Fiscalía el pasado 11 de septiembre y las dilaciones indebidas del proceso, se les impusieron condenas muy inferiores a las solicitadas inicialmente, de entre cinco y quince meses de cárcel. Así, la Audiencia Provincial de Murcia suspendió su ingreso en prisión con la condición de que no vuelvan a cometer delitos ni comunicarse con las víctimas.

Ninguna de las chicas que fue explotada sexualmente se personó como acusación particular, por lo que no participaron en ese acuerdo de conformidad que alcanzaron la fiscalía y los abogados de los acusados.

“Doble abuso”

El hecho de que los empresarios se hayan librado de la cárcel, explican desde la asociación Aspasi, que trabaja en la prevención del abuso sexual infantil, envía un mensaje de impunidad a las víctimas, “de que denunciar no sirve de nada”, y eso puede afectar a su recuperación.

“Cualquier menor que haya sido abusado sexualmente ya tiene un trauma, pero si además lo denuncia y esa denuncia no queda en nada, se siente impotente porque entiende que nadie le protege. Reviven todo el sufrimiento al tener que recordar y contar lo ocurrido sin que se busquen soluciones”, explica a Infobae España la psicóloga Margarita García Marqués, fundadora de Aspasi, que considera que las menores de Murcia han sufrido “un doble abuso, el de sus abusadores y el de la injusticia de que no sea reconocido su dolor por una mala praxis de los profesionales”. El hecho de que los empresarios hayan quedado en libertad pese a haber reconocido que pagaron por tener sexo con las adolescentes “daña mucho más a esas víctimas”, afectando su recuperación, añade la terapeuta especializada en comunicación, autoestima y prevención del abuso sexual infantil.

La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada en 2021, propone acompañamiento judicial gratuito y juzgados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia, pero desde Aspasi aseguran que su aplicación no llega. “Siempre debería haber un psicólogo que pueda ayudar a esos menores a sacar toda la rabia y dolor que tienen, al igual que debería haber una buena gestión de abogados de oficio que puedan acompañarles, pero no es así”, critica García Marqués, “no hay juzgados especializados en esta materia”.

Si los padres de los menores que han sufrido abusos sexuales no cuentan con suficientes recursos económicos para contratar a un abogado, como ha ocurrido en el caso de las chicas de Murcia, “esos menores quedan indefensos, fuera del sistema”. “Se habla mucho del bien superior del menor, pero realmente no están siendo protegidos”, asegura, y apunta que en este caso “es aún más doloroso”, pues existían pruebas y testimonios suficientes para que los empresarios abusadores no quedaran impunes “pero los adultos lo han gestionado mal”, insiste la experta. “Es un fallo de la justicia”.

Cómo se destapó la trama

La trama de explotación sexual de menores en Murcia se destapó en 2014, cuando los padres de una de las menores denunció su desaparición y alertaron a la policía de su inusual nivel de vida a pesar de que la chica no tenía ingresos. La actuaba tanto en Murcia como en municipios de alrededor las menores eran llevadas a pisos de alterne o a domicilios privados donde eran explotadas sexualmente por entre 80 y 200 euros.

Los siete empresarios que participaron, que entonces se desempeñaban como constructores, médicos o arquitectos, tienen la prohibición de comunicación o aproximación a las víctimas y “su participación en un programa de reeducación conductual en materia de sexualidad”. Mientras que el caso de los proxenetas, la suma de las penas oscila entre los dieciséis y los doce años, aunque la Audiencia Provincial de Murcia ha establecido en seis años límite máximo de cumplimiento.

Los acusados Ruth, Nelly y Walter deberán pagar penas de multa de 4.300, 3.240 y 4.320 euros, respectivamente, y los tres tendrán además libertad vigilada por cinco años además del pago de indemnizaciones a las víctimas que ascienden a 17.000 euros que los dos últimos ya han satisfecho, quedando pendiente 8.000 euros por parte de la primera. Los intermediarios de la red delictiva Martín D.T. y Manuela P.P., han sido condenados a 1 año y 3 meses de prisión, y a 6 meses, respectivamente, pero en su caso no ingresarán en la cárcel.