Qué dice el convenio de Muface: estos son los puntos críticos para las aseguradoras

El nuevo convenio de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), publicado recientemente por el Gobierno, ha generado preocupación entre las aseguradoras que brindan cobertura sanitaria a 1,49 millones de funcionarios y familiares. A pesar de la propuesta de una mejora del 17% en las primas, las aseguradoras plantean que este incremento sigue siendo insuficiente para cubrir los costos reales, especialmente ante la incorporación de nuevas terapias oncológicas y la atención bucodental.

El nuevo convenio establece un incremento del 17% en las primas que el Gobierno pagará a las aseguradoras que participan en Muface, lo que supone una subida significativa respecto a años anteriores. Sin embargo, las aseguradoras insisten en que este aumento no es suficiente, ya que la prima media por beneficiario se situaría en 1.208 euros, un 30% inferior a los 1.736 euros que el Sistema Nacional de Salud invierte por cada ciudadano. Este desfase, según las aseguradoras, las sitúa en una posición de desventaja frente a la sanidad pública.

Uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno y las aseguradoras es la inclusión de nuevas coberturas, como la atención bucodental y terapias avanzadas para el tratamiento del cáncer. Estas adiciones se derivan de las políticas del Sistema Nacional de Salud, que en los últimos años ha expandido su cartera de servicios. Para las aseguradoras, estos nuevos servicios suponen un incremento de los costos que, según ellas, no está completamente cubierto por el aumento de la prima.

• Atención bucodental: Las aseguradoras deberán hacerse cargo del tratamiento de infecciones bucodentales, extracciones, limpiezas anuales y otros cuidados relacionados con la salud dental. Esto también incluye un programa de salud bucodental para menores de 15 años, tratamientos para embarazadas y personas con discapacidad, entre otros.
• Terapias oncológicas avanzadas: El nuevo convenio incluye la protonterapia, una de las terapias más innovadoras en el tratamiento del cáncer, especialmente en niños. Cada paciente tratado con esta técnica puede generar un costo de hasta 40.000 euros, lo que aumenta significativamente la carga financiera para las aseguradoras. Este tipo de tratamientos requieren la evaluación de un comité de expertos, un proceso que también añade complejidad administrativa.

Las principales aseguradoras involucradas en Muface, como SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV, llevan años denunciando la infrafinanciación del sistema. Sostienen que, a pesar de la mejora del 17%, las pérdidas acumuladas en los últimos años son cuantiosas. Las compañías estiman que, con el esquema actual, pierden unos 200 millones de euros anuales al participar en el convenio. Además, critican que el incremento de las primas debe trasladarse en parte a hospitales y clínicas privadas, que llevan tiempo reclamando subidas en sus tarifas.

El coste creciente de la sanidad, impulsado por la inclusión de nuevos tratamientos y avances médicos, ha hecho que el gasto en salud pública crezca a tasas del 7% anual, mientras que el convenio de Muface ha experimentado un aumento medio del 4,4% en los últimos años. Esto genera un desequilibrio adicional en el sistema.

El plazo para que las aseguradoras decidan si participarán en el nuevo convenio expira el 5 de noviembre de 2024. A pesar de las tensiones, las aseguradoras tienen una tarea crucial en las próximas semanas: analizar en detalle el coste de ofrecer los servicios establecidos en los pliegos del Gobierno. Si las aseguradoras no participan, miles de funcionarios tendrían que ser absorbidos por la sanidad pública, lo que podría agravar la ya sobrecargada situación del sistema de salud estatal.

Este conflicto también afecta a otras mutualidades, como la de militares y guardias civiles (Isfas) y la del sector de justicia (Mugeju), que enfrentan problemáticas similares.