
Después de la protesta masiva del pasado domingo en Madrid por el derecho a la vivienda, el Gobierno de coalición se ha fracturado en torno a las soluciones a esta emergencia. Los ministros de Sumar han presentado objeciones en el Consejo de Ministros a la tercera convocatoria del Bono Alquiler Joven aprobada este martes, dotada con 200 millones de euros para que los gestionen las comunidades autónomas.
Para el espacio liderado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta medida de 250 euros mensuales “no está funcionando como se había previsto en el propio acuerdo de gobierno”, según ha verbalizado la diputada de Sumar y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal. Desde IU, con representación en el Gobierno a través de la ministra Sira Rego, añaden que el Bono Alquiler Joven es un “claro ejemplo de cómo el dinero público puede acabar directamente en los bolsillos privados de quienes especulan con la vivienda, sin ofrecer soluciones reales”.
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Sin embargo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en manos de Isabel Rodríguez, ha vuelto a sacar pecho tanto de esta medida como del impulso al reglamento para regular los alquileres de corta duración, que pretende “perseguir el fraude, proteger a quienes realmente necesitan del alojamiento de temporada y poner coto a los alojamientos turísticos ilegales; y priorizar los alquileres de vivienda habitual”.
“Vamos a tomar todas las medidas necesarias hasta poner fin al problema”, ha garantizado la ministra del ramo, que ha evitado valorar las quejas de Sumar alegando que “la única tensión” que le “preocupa” es la del precio del alquiler. “Si tengo que confrontar con alguien será con aquellos que defienden posiciones distintas a las del Gobierno o a esta ministra”, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Eso sí, ha destacado que la prórroga del bono del alquiler y el desarrollo del reglamento para regular los pisos turísticos son dos iniciativas incluidas en el acuerdo de Gobierno sellado por PSOE y Sumar hace ahora un año.
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El Ministerio de Vivienda ha descartado que haya sido en respuesta a la manifestación del pasado domingo, ya que estas medidas venían trabajándose con anterioridad. De hecho, el reparto de los 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven fue acordado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana del pasado 3 de octubre. Esta ayuda se fija en 250 euros al mes, durante un plazo de dos años para cada joven, con objeto de “facilitar su emancipación o, en todo caso, el acceso a disfrutar de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso”, argumenta el Ejecutivo.
El siguiente paso es que la Conferencia Sectorial ratifique en una nueva reunión dicho reparto. Una vez ratificado y cumplidos los trámites administrativos, el Ejecutivo remitirá las resoluciones con las cantidades respectivas a las comunidades autónomas para que acepten y pueda realizarse la transferencia para sus respectivas convocatorias. De este modo, Andalucía será la que más reciba (34,2 millones de euros), seguida de Madrid (31,8 millones) y Cataluña (29 millones).
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El Gobierno quiere poner coto a los pisos turísticos
En lo que al reglamento respecta, es una de las conclusiones que la ministra Isabel Rodríguez anunció como consecuencia del Grupo de Trabajo para la regulación de los contratos de temporada. El Gobierno ha sacado este martes en audiencia pública el Proyecto de Real Decreto que crea la Ventanilla Única Digital para regular los alquileres de temporada, turísticos y de habitación. El texto define qué es un alquiler de corta duración, sus diferentes fórmulas y las personas físicas o jurídicas que intervienen en estas operaciones, además de las plataformas donde operan.
Los arrendadores están obligados a obtener un número de registro, aportar la información requerida para su alta o renovación, atender los requerimientos de información y comunicar a las plataformas en línea el número de registro que se haya asignado por el Registro de la Propiedad o el de Bienes Inmuebles. Y, las plataformas, por su parte, están obligadas a que en sus aplicaciones los arrendadores identifiquen mediante este número sus viviendas y que sea visible en los anuncios.
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El procedimiento para solicitar el número de registro se realizará a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores. El número de registro obtenido tiene una vigencia de 12 meses. Tras ello, deberá solicitarse su renovación aportando un listado de los arrendamientos por cada categoría constituidos durante la vigencia de este número de registro y, en el caso de los de temporada, la causa que justifica la suscripción de dichos contratos.
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