
“Habrá que tomar una decisión”, señala una voz autorizada en Moncloa al referirse al debate abierto en el seno del Gobierno de coalición sobre la gratuidad de los abonos en los trenes de Media Distancia y Cercanías, que finalizarían el 31 de diciembre en caso de no renovación. Y es que esta cuestión no solo causa división entre las dos almas que sostienen el Ejecutivo de coalición, PSOE y Sumar, ya que también causa incertidumbre en la parte socialista del Gobierno por la negativa del ministro de Transportes, Óscar Puente, a prorrogarla en 2025.
Fuentes del Ministerio de Hacienda reconocen que todavía no hay una decisión tomada sobre una medida defendida a capa y espada por la propia María Jesús Montero, quien llegó a abrir la puerta a extenderla sine die. “Hay que hablar con los socios”, señalan voces de este departamento sobre la división de opiniones. La decisión se mantiene en barbecho.
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Tal como Puente comentó esta semana en varias entrevistas, esta cuestión será objeto de debate en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025. “No depende de mí. Va a depender de las negociaciones presupuestarias y de negociaciones del Gobierno de España”, reconoció el pasado lunes en la Cadena Ser. Pero el titular de Transportes no ha ocultado su postura: “Mi posición es que esa política tiene que cambiar. La gratuidad ha sido una política coyuntural, intentaba aliviar la economía familiar, pero creo que la apuesta por el transporte público debe ser, sobre todo, en la calidad, confort, frecuencias o puntualidad”.
Puente cree que, acabando con la gratuidad del bono transporte, “vamos a ganar usuarios”. Eso sí, el ministro habló de la necesidad de mantener apoyo económico “pensando en bonos sociales, abonos recurrentes, política de precios que tenga más que ver con el tipo de usuario. Estamos pensando, por ejemplo, en una forma de pago a mes vencido, y en función del uso será más barato”, explicó.
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Esta iniciativa se empezó a aplicar en septiembre de 2022 para dar respuesta a la subida de los carburantes por el estallido de la guerra en Ucrania, y ha sido una de las medidas estrella del Ejecutivo, alabada en innumerables ocasiones por el propio Pedro Sánchez. En 2023, el Ejecutivo incluyó la prórroga de la gratuidad de estos abonos en los Presupuestos. Con ello, en palabras de María Jesús Montero, el Gobierno pretendía hacer de esta medida “una política estructural para poder hacer un seguimiento de su impacto y beneficios sobre la sostenibilidad y la reducción de emisiones contaminantes, con el uso del transporte público en detrimento del coche”.
Sumar pide al PSOE volver a prorrogar esta iniciativa
Más allá de incorporar la gratuidad del transporte público para menores, jóvenes de hasta 24 años y desempleados, el Ejecutivo de coalición decidió mantener en el último paquete de medidas anticrisis la gratuidad de las Cercanías y la subvención del transporte público para el resto de la población durante 2024. Asimismo, los socios de la coalición pactaron seguir bonificando con un 30% el transporte público de las administraciones autonómicas y municipales, siempre que estas se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50%.
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Las cifras hablan por sí solas: en lo que va de año, Renfe ha captado más de cinco millones de usuarios (más de 3,5 millones para Cercanías y 1,5 millones para la Media Distancia). Por esta razón, en el PSOE asumen la complejidad de abordar una nueva prórroga de una iniciativa cotidiana como esta y, a estas alturas, no tienen claro si 2024 será el final o el inicio de la transición a un modelo alternativo que se mantenga en el tiempo.
En el marco del diálogo que marcará el futuro de esta medida, el socio minoritario del Gobierno de coalición, ya planteó al PSOE incluir en los Presupuestos del próximo año. En concreto, propuso incluir en las cuentas públicas de 2025 una partida para prorrogar las ayudas a los servicios de Cercanías y Media Distancia. Por medio de una batería de preguntas escritas, los diputados de Sumar Félix Alonso y Nahuel González destacaron que estas ayudas “han tenido un gran efecto y ahorro sobre los usuarios del servicio y goza de una gran popularidad”. Por eso, conminaron a Puente a dar una respuesta a esta propuesta o a decir, al menos, si contempla implementar alguna medida similar o de un efecto comparable. De momento, el Gobierno no tiene una respuesta exacta.
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