Las multas administrativas impuestas al amparo de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como ‘ley mordaza’, la norma que el Gobierno de PSOE y Sumar se ha comprometido a reformar tras fracasar en la pasada legislatura, aumentaron en 2023 hasta alcanzar los 174 millones de euros, lo que representa un 17% más que el ejercicio anterior.
El grueso de la recaudación guarda relación con aquellos artículos relativos a sanciones relacionadas con la tenencia de drogas, con 130 millones en multas, el 74% del total. Con respecto a 2022, esto supuso un aumento del 21%, según los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior consultado por Europa Press.
El Ministerio del Interior desglosa los 174 millones derivados de las 284.512 sanciones impuestas en 2023 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al amparo de la ‘ley mordaza’ en otros dos apartados más: por los artículos relacionados con armas y explosivos se recaudó 20 millones de euros (+13%) y por el de seguridad ciudadana otros 23 millones (+2%).
En aplicación del artículo 36.6, el que castiga “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes”, permitió recaudar 12,3 millones de euros relativos a 18.893 sanciones tramitadas. Esto supone una subida del 7% con respecto a 2022, que dejó 11 millones en multas con 17.835 expedientes de sanción a ciudadanos.
Una reforma frustrada por diferencias con Bildu y ERC
Las diferencias para reformar este artículo 36.6, usado en la pandemia de forma masiva, fue una de las razones por las que los partidos del Gobierno --PSOE y Sumar, con apoyo del PNV-- y los partidos independentistas --ERC y EH Bildu, principalmente-- no consiguieron llevar a cabo la pasada legislatura la reforma de la ‘ley mordaza’, la norma que aprobó en 2015 el PP con mayoría absoluta.
Otro de los artículos objeto de negociación fue el 37.4, el que castiga las faltas de respeto a los policías, ya que los partidos del Gobierno y sus socios analizan la forma de evitar la “arbitrariedad” para que se aplique exclusivamente en insultos o injurias.
Las sanciones con este artículo 37.4 de la ‘ley mordaza’ sí bajaron en 2023 hasta anotar 22.260 multas con 4,3 millones de euros (-15%), según la estadística oficial del Ministerio del Interior con datos facilitados por las delegaciones y subdelegaciones --de Cataluña, y País Vasco sólo se incluyen expedientes tramitados por la Administración General del Estado--.
El plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reformar la ‘ley mordaza’ motivó que los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil se manifestaron en las calles de Madrid al desconfiar de los cambios en la norma por entender que desprotegería la labor que realizan los agentes.
La negociación parlamentaria, que Sumar quiere reactivar ahora, terminó fracasando, en parte, por la negativa del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska a permitir que se prohibieran las pelotas de goma como material antidisturbio.
Sin embargo, los partidos sí llegaron a pactar que otro punto de discrepancia, los rechazos en frontera de migrantes o devoluciones en caliente, quedara al margen de la ley de protección de la seguridad ciudadana para regularse en exclusiva en la ley de extranjería.
*Información elaborada por Europa Press
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