
El partido de extrema derecha en Portugal, Chega (Basta, en portugués), propondrá en el Parlamento un referéndum nacional sobre la creación de cuotas de inmigrantes, y añadirá este asunto a las condiciones que establece el partido para apoyar los presupuestos generales del Estado de cara a 2025.
“Chega propondrá al Parlamento la convocatoria de un referéndum en una fecha que se definirá conjuntamente entre los distintos órganos soberanos, pero que debería programarse para principios del próximo año, ha declarado André Ventura, el líder del partido. El ultraderechista ya ha señalado como fecha posible el mes de enero y asegura haber iniciado contactos “informales” con el partido en el gobierno.
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La noticia ha sido adelantada por el medio portugués Expresso y confirmada este miércoles por él mismo en una rueda de prensa, en la que reitera que el apoyo de los 52 diputados de Chega estará también condicionado a que el gobierno lleve acabo un control más estricto de las fronteras y una revisión de las subvenciones a extranjeros. “Aunque el voto a favor del presupuesto no depende definitivamente de la aprobación del referéndum”, [la aprobación] será “importante” para definir la posición de su partido, afirmó al periódico.
Ventura ha indicado que el objetivo es que los portugueses sean llamados a expresar su opinión sobre si se debe establecer periódicamente un “límite anual de inmigrantes en el país, previamente definido por ley, que pueda ser revisado” . Según Expresso, también se sometería a votación popular si “estar de acuerdo o no con la definición de cuotas previamente clasificadas por áreas de especialización y las necesidades de la economía”.
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Chega, al igual que hacen sus homólogos en Francia, España, Países Bajos o Italia, vincula lo que llaman “migración descontrolada” a la inseguridad en las calles. Una estrategia que ya fue utilizada en la campaña a favor del Brexit o incluso en la carrera presidencial de Trump en EEUU.
“La propuesta de referéndum de Chega tiene dos objetivos”, explica Andrés Malamud, Investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, en una conversación con Infobae España. “Por un lado, galvanizar la tropa propia a través de un discurso incendiario. Por el otro, forzar al gobierno de centroderecha a aliarse con el partido socialista para aprobar el presupuesto, o caer. De esta manera, Chega se distingue de los partidos tradicionales al mismo tiempo que busca mostrarlos como lo mismo”, añade.
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Su apoyo es clave para sacar las cuentas tras el no de los Socialistas
Desde su endeble victoria en las urnas, la supervivencia del nuevo gobierno de Portugal, liderado por el conservador Luís Montenegro, del Partido Social Demócrata (PSD), no está asegurada, ya que depende de una mayoría parlamentaria frágil ―apenas 80 de 230 diputados― en un Parlamento fragmentado en nueve grupos. La continuidad del Ejecutivo pasa por sacar adelante estos presupuestos, que necesitan de una mayoría absoluta que ahora mismo parece imposible de conseguir. Especialmente después de que el Partido Socialista, con 79 diputados, asegurase que votaría en contra.
La prueba de fuego del gobierno de Montenegro depende ahora de la extrema derecha, que se erigió como la tercera fuerza en las pasadas elecciones de mayo, cuadriplicando su resultado. Si Chega se abstiene, lo más probable es que los presupuestos caigan. Pero si vota a favor, podría asegurar la continuidad de un gobierno en minoría.
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El antecedente en Europa: Hungría
La migración es uno de los temas que más dividen a Europa y sobre todo, el factor que ha impulsado en las urnas a la extrema derecha, cuyos líderes defienden que el migrante es el culpable de todo.
La propuesta que plantea Ventura ya se materializó en Hungría el pasado octubre de 2016. Por aquel entonces, y a propuesta del presidente húngaro, Viktor Orbán, los ciudadanos votaron en contra de las cuotas de refugiados acordadas en la UE en 2015, en cuyo esquema de repartición de refugiados preveía que Hungría recibiera a 1.294 solicitantes de asilo.
El apoyo al ‘no’ fue abrumador, pero no lo fue la participación: apenas el 43% votó, por lo que la consulta no fue considerada como válida a pesar de que el 98% de los que votaron optaron por el no al reparto.
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Aún sin el quorum necesario, el líder húngaro se opuso al reparto de solicitantes de asilo llegados de Italia y Grecia, en su mayor parte huyendo de la guerra en Siria. No fue hasta diciembre de 2020 cuando el Tribunal de la UE declaró ilegal este incumplimiento deliberado, que a día de hoy perdura. Hungría hizo caso omiso a la resolución y la Comisión Europea le sancionó con 200 millones de euros en abril de 2024, que en caso de no abonarlos sería deducido de los fondos que otorga la Unión al país.
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