La gestión del Ingreso Mínimo Vital apenas mejora tres años después: solo el 36% de los posibles beneficiarios lo cobró en 2023

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este miércoles su tercera opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la que constata, como en años anteriores, que la prestación no contributiva tiene problemas de implementación y de gestión tres años después de su puesta en marcha (en mayo de 2020). Según ha explicado la presidenta de la institución, Cristina Herrero, “son problemas que venimos identificando en opiniones anteriores”, aunque el IMV sí logra llegar a los hogares más vulnerables y el Gobierno ha implantado medidas de mejora.

En concreto, 342.856 hogares recibían el IMV en diciembre de 2023, el 36% de los potenciales beneficiarios y solo el 17% de los hogares en pobreza severa (aquellos que tienen un umbral de renta inferior al 40% de la mediana). Se ha producido un avance respecto a 2022, cuando la prestación llegó a 284.000 hogares (el 35% de los potenciales beneficiarios y un 20% menos que en 2023). Lo que ha sucedido entre un año y otro es un incremento de los potenciales beneficiarios por el aumento del 15% de la renta garantizada, pasando de ser 800.000 en 2022 a 951.702 en 2023.

“Sigue teniendo ámbito de mejora en su despliegue”, ha señalado Herrero, afirmando que todavía hay “un elevado non take-up” y una “cobertura escasa”. El non take-up se produce cuando los potenciales beneficiarios de cualquier prestación no la solicitan por diversos motivos. Teniendo en cuenta esta definición, los que se encuentran en esa situación en 2023 son el 56% de los posibles beneficiarios, solo dos puntos menos que en 2022 (58%).

Los datos publicados por la AIReF difieren del total de beneficiarios que publica el Ministerio de Seguridad Social cada tres meses. Según el ministerio, los beneficiarios superan los 600.000, pero esto se debe a la suma de los beneficiarios del IMV, los beneficiarios del CAPI (Complemento de Ayuda a la Infancia) y los beneficiarios de ambas prestaciones, mientras que los 342.856 beneficiarios de la AIReF se refieren a los hogares que reciben o solo el IMV o el IMV y el CAPI. “Si nosotros sumamos todo nos da aproximadamente lo mismo”, señala el organismo.

Motivos por los que no se solicita el IMV

El director de la división de Evaluación de la AIReF, José María Casado, ha explicado los factores que llevan a los hogares a no solicitar el IMV. El primero es la coexistencia con otras prestaciones. En concreto, con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, lo cual explica un 5% del non take-up total, y con las prestaciones por desempleo. El 53% de los hogares del non take-up reciben prestaciones por desempleo y esto explica que no hayan solicitado el IMV.

Los otros factores principales son, por una parte, la definición de la unidad de convivencia que se tiene en cuenta para conceder la prestación, ya que un 25% de los expedientes son denegados por este motivo. Por otra parte, que el IMV se concede mayoritariamente acorde con la renta del año anterior, lo que “genera un desincentivo a pedir la prestación” porque los solicitantes se exponen a un sistema de revisiones del importe, lo que ha terminado conllevando devoluciones, reembolsos y bajas de la prestación.

En 2023, un 65% de los hogares beneficiarios vio revisada su prestación, de los cuales el 25% sufrió un reajuste a la baja en siguientes nóminas, un 33% al alza y un 7% causó baja. A estos últimos el Ministerio de Seguridad Social les pide reembolsar lo cobrado por un importe mediano de 3.000 euros, aunque hay casos en los que se piden cuantías mucho más elevadas, de hasta 39.000 euros.

No obstante, el porcentaje de beneficiarios que han experimentado una revisión se ha reducido en comparación con 2022, cuando fueron el 83%, de los cuales al 16% se les pidió el reembolso. A esta mejora ha contribuido el mecanismo de incentivo al empleo aplicado ya en 2023, aunque la AIReF insiste en que “lo mejor” sería aproximar la renta sobre la que se concede la prestación al momento presente usando datos de retenciones o de cotizaciones a la Seguridad Social avanzando hacia concesiones de oficio por parte de la administración.