Un juez decide desahuciar a una familia vulnerable con un hijo menor en Madrid “a pesar de que el casero tiene 27 viviendas”

* Gracias a la organización vecinal y de las inquilinas, el desahucio de Zohra ha sido aplazado hasta el 16 de julio

Mientras los precios de los alquileres no dejan de subir en España, la sangría de los desahucios continúa. Según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, cada día se producen en España más de 80 y este miércoles podría ser el turno de Zohra, su marido y su hijo menor de edad, cuyo desalojo está programado a las 9.30 horas a pesar de que se trata de una familia vulnerable y de que el Real Decreto vigente les protege frente al desahucio.

En este caso, el juez ha desestimado el recurso de la familia al considerar en la sentencia que Zohra no ha podido demostrar que su casero posee 27 viviendas. Sin embargo, según indica el sindicato, “se ha presentado documentación que acredita que el propietario posee un bloque de viviendas en el barrio madrileño de Lavapiés, así como otras propiedades más”. Además, añade la organización, esta familia ha estado viviendo “en condiciones deplorables”, pues la casa “tiene humedades, infestaciones de chinches y cucarachas, y problemas estructurales graves como techos a punto de colapsar y filtraciones de agua desde el baño de los vecinos de arriba”, por lo que pedía un alquiler social “en un piso digno”. Zohra tenía claro que si el casero no cumplía con sus obligaciones, ella tampoco debía pagar.

Además, toda esta situación ha afectado tanto su salud como la de su hijo, ya que sufren problemas respiratorios desde hace casi dos años.

“Vemos cómo hay jueces que no quieren aplicar el Real Decreto 11/2020 [por el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia] que incluye la suspensión de desahucios para personas vulnerables”, señala Víctor Palomo, portavoz del sindicato, a Infobae España. El caso de Zohra, añade, “es de manual”, porque se trata de un gran tenedor de viviendas con 27 casas, “entre ellas el mismo bloque donde vive ahora y está acreditado en el informe de vulnerabilidad que es una persona con escasos ingresos”, pues la familia sobrevive con una pensión y una pequeña cuantía del Ingreso Mínimo Vital. “Nos estamos encontrando con muchos jueces que no quieren aplicar ese Real Decreto, que se inventan excusas, recurren o pasan de largo”.

En este caso, además, el Sindicato de Inquilinas explica que apenas les han notificado el desahucio con dos días de antelación “y eso no tiene justificación legal ninguna”.

La organización asegura que el casero, que reside en Tenerife, “es una persona con los recursos suficientes para arreglar el edificio, pero ha optado por no hacerlo” y todo el bloque -propiedad del mismo dueño- enfrenta problemas similares, “con cada vivienda en mal estado”. De hecho, el casero “ha dejado tanto a Zohra como a otros inquilinos sin agua caliente durante meses”.

Teniendo en cuenta que el precio medio del alquiler en Madrid ronda los 1.500 euros mensuales y que cada vez se endurecen más los requisitos que exigen propietarios e inmobiliarias, para Zohra resulta imposible acceder a ese mercado. Los Servicios Sociales, recuerda el sindicato, tampoco le han ofrecido una alternativa habitacional “a pesar de que lo ha solicitado durante más de un año”. “Las administraciones no han dado respuesta”.

No es un caso aislado

El de Zohra no es, ni mucho menos, un caso es aislado, denuncia el sindicato, pues cada vez son más los jueces que deciden no aplicar el Real Decreto que protege a las personas vulnerables, “tomando decisiones de manera deliberada y sin justificación en favor del rentismo”, lo cual evidencia “una clara desconexión entre las necesidades de esta población y las decisiones judiciales”.

Por todo ello, el sindicato vuelve a hacer un llamamiento a la movilización vecinal, porque solo a través de la organización, aseguran, “se podrá acabar con los desahucios”.

Cabe recordar, por otro lado, que el pasado mes de mayo el Gobierno aprobó un decreto para prorrogar cuatro años más la suspensión de los desahucios hipotecarios de la vivienda habitual para deudores en situación de vulnerabilidad hasta el 15 de mayo de 2028. Dentro de los supuestos de especial vulnerabilidad contemplados en la norma destacan las familias numerosas, las monoparentales con al menos un hijo a cargo, las unidades familiares con un menor de edad, con algún miembro con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o incapacidad permanente; o las unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo, en las que exista una víctima de violencia de género; y en las que el deudor mayor de 60 años.