
El Banco de España llama a la cautela respecto a la reducción de la jornada laboral legal planteada por el Gobierno, que según el programa de coalición llegaría a las 37,5 horas en 2025, pasando por 38,5 horas en 2024. Desde que surgió esta propuesta, el supervisor bancario español ha pedido que en caso de aprobarse la reducción, se aplique con flexibilidad en el tejido productivo, pero la subgobernadora de la entidad, Margarita Delgado, y gobernadora en funciones, ha añadido este viernes que se trata de “una medida aceptable para unos, pero no tanto para otros”.
Durante la clausura del seminario de información económica de la APIE y la UIMP celebrado en Santander, Delgado ha señalado que “puede que haya sectores que permitan y acepten la reducción de horas y sea positivo para la productividad”, pero que también “puede haber sectores donde sea realmente una carga adicional y les aboque aún más a mayores pérdidas de productividad”. Por ello, ha reiterado la petición del Banco de España esgrimida en anteriores ocasiones de que la reducción se diseñe “con suficiente flexibilidad” para que cada empresa y cada sector pueda adaptarla.
Fuentes del organismo señalan que algunos de los sectores perjudicados podrían ser el comercio y la hostelería y, en general, las pymes, por lo que inciden en que no puede haber un “café para todos” y se debe legislar con “cuidado”. También indican en que la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial supone un aumento de costes laborales de facto. Delgado ha incidido en que España está rezagada en productividad respecto a la UE y ha repasado las indicaciones sugeridas por el Banco de España para reducir la brecha: mejorar la demografía empresarial; el capital humano; y elementos regulatorios e institucionales.

Los agentes sociales y el Gobierno continúan las negociaciones
Esta valoración llega en un momento delicado de las negociaciones tripartitas para pactar la reducción de jornada. En los últimos días se han clarificado las posturas de los agentes sociales y se ha constatado que las conversaciones están en el mismo punto que hace seis meses. El diálogo se ha producido tanto a nivel tripartito como bipartito, solo entre patronal y sindicatos, pero la CEOE considera que no ha habido negociación real, sino “monólogo social” y los sindicatos dan de plazo el mes de julio para terminar las conversaciones.
El jueves, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, recordó que “CEOE en ningún momento ha dicho que esté de acuerdo con reducir la jornada a 37,5 horas” y reconoció que “no hay ningún acercamiento en ese sentido con la CEOE”. En la misma idea ahondó Pepe Álvarez, su homólogo en UGT: “La CEOE sabe cuáles son nuestras posiciones y nosotros queremos saber si la CEOE está de acuerdo con la reducción de las 37,5 horas por ley”.
Pese a la tensión, los agentes sociales y el Gobierno no tiran la toalla por el momento para que haya un acuerdo tripartito y se volverán a reunir este lunes en el Ministerio de Trabajo. Más allá de la complejidad para alcanzar un acuerdo en el diálogo social, la medida (que pretende implantarse modificando el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores) deberá contar con un apoyo suficiente por parte de los grupos parlamentarios.
En febrero, Sumar sondeó las posturas de los socios del Gobierno a través de una proposición no de ley relativa a esta cuestión que fue aprobada. En ella se instaba al Gobierno a abrir un “proceso de diálogo social” que concluya con la implantación de la jornada laboral de 38,5 horas en 2024. Vox votó en contra y el PP y Junts se abstuvieron.
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