
Defender los derechos humanos es una actividad de alto riesgo en Rusia. Lo sabe bien Anastasiia, una joven activista LGTBIQ+ que se vio obligada a marcharse del país y buscar refugio en España. Como lesbiana, feminista y crítica con el Gobierno de Vladímir Putin, relata, tenía todo en contra y empezó a temer por su vida en 2021, cuando el Ministerio de Justicia ruso etiquetó como “agente extranjero” a la ONG Group Coming OUT, donde ayudaba como abogada voluntaria a defender los derechos del colectivo. A partir de ahí, las amenazas no dejaron de aumentar, por lo que no le quedó más remedio que marcharse. Ahora vive en Valencia.
En realidad, Anastasiia nunca lo tuvo fácil. Creció en Maikop, la capital de Adiguesia, una república del Cáucaso de tradición musulmana donde desde pequeña sufrió distintas formas de violencias y discriminación en el ámbito familiar y social por el simple hecho de que le gustaran las chicas. Una situación: “En el colegio me pegaban en el vestuario, me empujaban, me escupían, se reían de mí y me humillaban tanto alumnos como profesores”, explica. Por eso, cuando terminó sus estudios, decidió irse a vivir a San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia después de Moscú, para cursar Derecho y huir de la violencia. Pensó que en un lugar más grande todo sería más sencillo, pero se equivocó.
“No solo recibí amenazas en la ONG por defender los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, sino que también tuve problemas en la universidad por mi orientación sexual”, cuenta a Infobae España al otro lado del teléfono esta joven de 26 años. Cuando el director de la residencia universitaria a la que se mudó vio sus documentos, habló con ella y la puso “deliberadamente en una habitación con chicos para humillarla”, mientras que el decano de su facultad también llegó a insultarla por ser lesbiana. “Yo amo San Petersburgo y amo mi país. Solo quería vivir en paz, vivir, no sobrevivir, porque he pasado miedo pasar en la calle por ser mujer, activista y lesbiana. No sé qué significa tener derechos”, asegura.
Como la situación no mejoraba, en 2021 decidió marcharse a Valencia con la intención de realizar un curso de idiomas y tan solo unos meses después, en febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Anastasiia confiaba en que la guerra cesara, pero el conflicto no hizo más que empeorar y a día de hoy sigue enquistado. Por si fuera poco, en 2022 Putin firmó una ley que prohíbe la promoción de relaciones o preferencias sexuales no tradicionales, la pedofilia y la reasignación de género, una norma duramente criticada por las asociaciones LGBTQ+ y organizaciones de defensa de los derechos humanos al considerar que “aumenta la homofobia con el permiso del Estado”. Esa norma, recuerda también Anastasiia, solo “empeora su situación como lesbiana”, por lo que duda mucho que pueda regresar a Rusia. “Es como un genocidio social, nos quieren borrar de todos los lugares. ”.
Trabas en el proceso de petición de asilo
Aunque en Valencia se siente más segura que en San Petersburgo, su vida como solicitante de asilo tampoco es sencilla, pues carece de trabajo e ingresos y, por el momento, se las apaña tirando de ahorros, si bien también recibe apoyo jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). También critica las barreras idiomáticas que deben enfrentar las personas migrantes que piden protección internacional, pues no todas tienen la posibilidad de tener un cierto nivel de castellano para poder desenvolverse a la hora de hacer trámites.
Es consciente, además, de que España, que se sitúa a la cola de la Unión Europa en concesiones de asilo, solo aprobó el 12% de las solicitudes en 2023, cuando es el tercer país del bloque que más peticiones ha recibido, con un total de 163.220, solo por detrás de Alemania y Francia, según el informe anual de CEAR publicado esta misma semana. Pese a todo, Anastasiia, que actualmente está realizando prácticas en una empresa y trabaja como voluntaria en varias ONG, confía en poder vivir tranquila en un futuro.
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