
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado un nuevo paso al frente al reconocerse ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como “máximo responsable” de la difusión de una nota de prensa denunciada por el novio de Isabel Díaz Ayuso. En un escrito remitido al TSJM, García Ortiz advierte de que “carece de competencias” para investigarlo y pide que el Tribunal Supremo se haga cargo de la causa.
Aunque en varias declaraciones públicas había reconocido que dio la autorización para la difusión de la nota de prensa, en este escrito el fiscal general habla de “instrucciones expresas y directas” como máximo responsable de la Fiscalía. Ese comunicado, recuerda García Ortiz, “se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios”. En ellas, se aseguraba que era el fiscal del caso quien había ofrecido un acuerdo de conformidad a Alberto González Amador, investigado por dos delitos fiscales y uno de falsedad en documento mercantil.
A lo largo de las nueve páginas de escrito, el fiscal general remarca que “ningún miembro de la Fiscalía española”, incluido él, “debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva”. Argumenta que “todos” los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador “habían sido previamente desvelados por los medios de comunicación”.
“Indagar sobre el funcionamiento de los mecanismos de decisión del Ministerio Fiscal en la forma en la que se está haciendo solo puede causar un deterioro al recto funcionamiento de la Justicia”, añade.
Cabe recordar que el TSJM citó como testigos el próximo 13 de junio a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y al jefe del gabinete de prensa de la Fiscalía madrileña. La causa se abrió a raíz de una denuncia interpuesta por el novio de Isabel Díaz Ayuso por un presunto delito de revelación de secretos.
Los datos eran “de dominio público”
El fiscal general insiste en que, a su juicio, no hay delito de revelación de secretos en su actuación porque “el comunicado de prensa de la Fiscalía de Madrid, que aclaraba datos que ya eran de dominio público a través de su difusión por una multitud de medios de comunicación, no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni tener incidencia procesal en un ulterior procedimiento judicial”.
García Ortiz reitera que la nota se emitió “para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal”, así como para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía.
“Es un hecho cierto”, añade, que “el procedimiento judicial derivado de la denuncia interpuesta contra D. Alberto González Amador por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid avanza en la actualidad sin controversia alguna y sin verse afectado por tales circunstancias”.
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