Yolanda Díaz está a punto de dar luz verde a un nuevo mecanismo de protección para los trabajadores. Hace unos meses, el Ministerio de Trabajo publicó el borrador del anteproyecto de ley por el que se pone fin a los despidos automáticos de las personas trabajadoras que contraen invalidez. Esta medida modifica el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, de manera que solo sea posible la “extinción automática” del contrato de trabajo por “muerte de la persona trabajadora”, hasta ahora también se permite esta opción en los casos de “gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador”
Aunque esta no es la única modificación que se añade. También se incluye un nuevo apartado que obliga a las empresas a adaptarse a las nuevas condiciones del trabajador cuando a este se le declare la gran invalidez o incapacidad permanente absoluta o total. “La empresa no podrá extinguir el contrato de trabajo por esta causa cuando la persona trabajadora solicite que se realicen los ajustes razonables en su puesto de trabajo que le permitan continuar desempeñándolo”, concreta. Cabe destacar que en caso de que esta opción no sea posible porque suponga una “carga excesiva” para la empresa, tendrá que cambiar al trabajador “a otro puesto de trabajo vacante compatible con su nueva situación”.
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La vicepresidenta ha aprovechado la apertura de la 1 conferencia sindical sobre los derechos de las personas con discapacidad organizada por UGT para indicar que esta modificación llevará en “breves días” al Consejo de Ministros, después de asegurar que la normativa ya estaba “lista”. La ministra también ha reiterado la importancia de esta modificación que avanzó a finales del mes de enero y que elimina de la normativa el supuesto que permite el despido en casos de invalidez permanente.
En este sentido, Yolanda Díaz también ha recordado que solo el 35,3 % de las personas con discapacidad forman parte de la población activa, con 327.300 trabajadores con discapacidad. Unos datos que considera “mejorables”, quien ha pedido “pedagogía” para que haya pasarelas al trabajo ordinario. “Si hay que adaptar los puestos de trabajo a las personas, habrá que adaptarlos”, ha asegurado.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido que los centros de trabajo especiales sean “un puente” para pasar al mercado laboral ordinario. Y asegura: “Avanzamos de manera insuficiente. Las empresas tienen que cumplir sus obligaciones y con las leyes”.
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Prevención de accidentes laborales
Esta medida surge a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que señala que la normativa española incumple las leyes europeas al permitir a las empresas extinguir el contrato en casos de incapacidad sin estar obligada a valorar la realización de ajustes en el puesto de trabajo para poder adaptarlo. Una cuestión que pone en duda el cumplimiento del principio de igualdad en el empleo de las personas con discapacidad.
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