El CES guarda optimismo respecto al ajuste fiscal en España, aunque las nuevas reglas pueden lastrar el crecimiento

El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno formado por 60 consejeros de sindicatos, patronales y otras organizaciones, ha aprobado un informe sobre el nuevo marco de gobernanza fiscal a nivel comunitario en el que expone las preocupaciones que plantea el nuevo periodo, aunque también deja margen para el optimismo. El presidente de la institución, Antón Costas, considera que “España tendrá mucho margen” fiscal para avanzar hacia el equilibrio de las finanzas públicas, siempre y cuando la Unión Europea “ponga en marcha” determinados mecanismos de inversión para atender necesidades específicas.

En caso contrario, Costas cree que la UE fallará y complicará el objetivo de “hacer compatible la castidad fiscal con la necesidad de promover un crecimiento sostenible, inclusivo y prolongado en el tiempo”. En la misma línea se ha manifestado Antonio Romero, coordinador del informe, advirtiendo de que el contexto de mayor exigencia fiscal, sumado a los efectos retardados de la política monetaria restrictiva, “pueden tener impacto sobre la recuperación económica” y acabar lastrando el crecimiento, fundamental para determinar las sendas de consolidación fiscal de cada país.

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A modo de resumen gráfico, Costas ha afirmado que la UE “se ve obligada” a determinar qué tipo de comportamiento va a desarrollar sobre estas reglas fiscales: “Tiene que decidir si quiere ser madrastra, como lo fue en la crisis de deuda de 2010, o ser hada madrina, como en la crisis de la pandemia”. Por ello, el CES recomienda en el informe que la UE avance en la unión económica, financiera y monetaria completando la unión bancaria y la unión del mercado de capitales para conseguir más recursos propios y respaldar las inversiones, especialmente las destinadas a la transición digital, la transición verde y las políticas sociales.

“El presupuesto de la UE es tan reducido que condiciona su capacidad para respaldar elevados niveles de ambición política”, por lo que piden que la UE se dote de nuevas capacidades presupuestarias permanentes. Esto requerirá un incremento sustancial de los ingresos comunitarios, lo que pasa “por considerar la emisión de deuda pública conjunta”, en opinión del CES.

Situación complicada para los países más endeudados

En términos generales, la institución valora alguna de las mejoras que incorporan las nuevas reglas fiscales respecto a las anteriores, suspendidas con el inicio de la pandemia en 2020. Las principales ventajas son que el nuevo marco es “más flexible”, está más enfocado al medio y largo plazo y es “más sensible” a situaciones particulares de los estados miembros, como la posibilidad de activar cláusulas de escape nacionales por shocks económicos en un país concreto. También valoran que el límite de crecimiento del gasto primario neto excluya el gasto en desempleo, los intereses de la deuda y el gasto financiado con fondos europeos.

No obstante, el CES opina que “permanecen rigideces” en las salvaguardas introducidas, que establecen reducciones anuales de déficit y de deuda que “pueden ser poco realistas”. Debido a estas condiciones, la mayor parte de los organismos vaticina que España tendrá que hacer un ajuste fiscal del entorno de 9.000 millones de euros durante cuatro años (menos si el periodo se extiende a siete años) para rebajar la ratio de deuda sobre PIB anualmente. Respecto a los planes de consolidación fiscal, el informe afirma que “no queda claro cómo se van a evaluar y a priorizar las inversiones” necesarias para que los estados miembros negocien periodos de aplicación de siete años con la Comisión Europea.

En definitiva, el Consejo Económico y Social opina que “el nuevo marco continúa dificultando la política fiscal anticíclica de los Estados miembros” y que el “problema fundamental” es que deja a los países más endeudados “un margen fiscal muy estrecho para financiar la inversión transformadora”. Algo que solo podría corregirse, según el informe, creando “mecanismos europeos permanentes de apoyo presupuestario y financiero a la inversión de los Estados”, como los fondos Next Generation, que finalizan en 2026.