Pérdida de biodiversidad, deforestación, acaparamiento de tierras y aumento del uso de fertilizantes y de gases de efecto invernadero causantes de la aceleración del cambio climático. Estas son algunas de las consecuencias que provoca la agroindustria, un modelo que “ha llegado al borde del colapso”, según ha denunciado este jueves Ecologistas en Acción en un nuevo informe, por lo que reclama un cambio hacia un modelo agroecológico “más sano, más justo y más local”. La organización también ha señalado que la agroindustria vulnera los derechos de las personas migrantes, que son los principales trabajadores en este sector.
El informe, que lleva por título El verdadero precio de los alimentos. La cara oculta de la agroindustria en la península ibérica, analiza el impacto de este modelo en cuatro zonas: el Mar Menor, Doñana y L’Albufera de València, que representan el 90% del territorio nacional de las lagunas costeras, y la provincia de Almería. Aunque en realidad, aclara Ecologistas en Acción, este modelo dedicado principalmente a la exportación se extiende también por otros territorios del país como el valle del Ebro, la costa tropical de Málaga y Granada o el noroeste murciano, entre otros, “a menudo afectando a espacios y paisajes formalmente protegidos sobre el papel, pero desprotegidos en la práctica”.
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España, con el 26%, es el primer productor de frutas y hortalizas de la UE, y el séptimo a nivel mundial, indica el informe, y hasta más de tres cuartas partes de esos alimentos se destinan a la exportación y terminan en los estantes de las grandes cadenas de supermercados europeas, principalmente en Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido, mientras que a “nivel nacional llegan a repartirse más del 85% de la cuota total de mercado de producto fresco”.
En el caso por ejemplo de Doñana, la agroindustria ha provocado el “colapso hídrico”, pues se trata de un modelo que “está expoliando las aguas, sobre todo las subterráneas”. “Doñana ya no es un humedal, es un secarral”, ha denunciado en rueda de prensa Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, que aunque ha valorado positivamente el acuerdo entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía firmado hace unos meses para proteger el parque, también ha recordado que “hay que ejecutarlo”. “Doñana está protegida en el papel, no en el territorio, porque la clase política ha permitido este modelo agroindustrial”, ha añadido.
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Los migrantes soportan condiciones de “semiesclavitud”
Romero también ha destacado la necesidad de eliminar los regadíos ilegales, al igual que “los legales en zonas sensibles” y la importancia de proteger los derechos de las personas migrantes, que viven en condiciones precarias “bajo plásticos”, por lo que se deben aumentar las “inspecciones de trabajo”.
Esas malas condiciones también las sufren los trabajadores migrantes en otras zonas que analiza el estudio, tal y como ha indicado Natalia Llorente, de Ecologistas en Acción en Murcia: “Son personas que llegan a trabajar en condiciones de semiesclavitud y malviven en asentamientos sin las más mínimas condiciones de habitabilidad, cuyos derechos laborales son negados para poder mantener los márgenes de beneficio en un mercado global que cada vez presiona más”.
“Uberización” de la producción
Además, la organización incide en que las cifras regionales obtenidas muestran que la agroindustria contribuye al aumento de la desigualdad en la población local, ya que “su aportación al PIB no es significativa: a pesar de los altos rendimientos del sector, la agricultura industrial crea, sobre todo, empleos precarios”. Así, según los datos sobre la distribución de la renta, las economías provinciales basadas en la agricultura industrial ocupan los últimos puestos en la clasificación de la renta.
A su vez, según denuncia el informe, la agroindustria fomenta la “uberización” de la producción: son las grandes comercializadoras y/o minoristas las que deciden qué, cómo, cuándo y a cuánto se produce; y qué precios percibirán quienes producen. En consecuencia, en estas comarcas donde impera la agroindustria, agricultoras y agricultores tienen ínfima o nula capacidad de decisión sobre el manejo de sus tierras y están a merced de las grandes cadenas de supermercados del norte que, acaparando tierras, pueden llegar a conseguir que la cadena alimentaria tenga un único eslabón.
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