
El pasado viernes, uno de los puntos del día de la reunión de la Comisión de Salud Pública era el debate y posible votación del Plan Integral de prevención y control del Tabaquismo diseñado por el Ministerio de Sanidad, un documento que aspira a ampliar aún más los espacios sin humo en España, desincentivar al consumo de tabaco y actualizar la norma acorde a los avances de la industria tabaquera, que desde la última reforma legal ha introducido nuevos productos en el mercado y han quedado en vacíos legales.
Sin embargo, el órgano donde se reúnen el ministerio y las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas no llegó a dirimir sobre el proyecto. La falta de consenso en torno al plan antitabaco llevó al aplazamiento de la votación y el Ministerio de Sanidad “ha decidido convocar próximamente una nueva comisión extraordinaria para abordar el asunto de forma monográfica”, según anunciaban antes de comenzar el fin de semana.
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El proyecto político de Mónica García para ampliar la ley antitabaco tiene varios escollos para salvar. Algunos son de índole técnica, pero prácticamente todo reside en la oposición que hace el Partido Popular mediante los gobiernos autonómicos al Gobierno de Pedro Sánchez. Once de las 16 autonomías de España están bajo Ejecutivos conservadores.
Aunque no es necesario que el plan lo aprueben las comunidades, el Ministerio quiere hacerlo mediante el consenso. El Plan recoge una variedad de medidas y la forma de desarrollarlas y no impone normas a las autonomías. Para elementos derivados del Plan, como cuestiones ligadas al reparto de financiación, las comunidades tendrían que dar su aprobación en el Consejo Interterritorial.
Medidas del plan antitabaco
“Da la sensación de que hay un mandato para poner dificultades”, dice Javier Padilla, secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, a Infobae España. La reunión se saldó sin avances de ningún tipo, a pesar de que las políticas antitabaco se han recibido con buenos ojos cuando no han sido propuestas por el Ministerio. Por ejemplo, en España ya hay más de 500 playas donde no se puede fumar, de forma que el Gobierno pretende dar a la medida alcance nacional con el plan Playas sin humo, inserto en esta estrategia. “Tampoco fueron a lo concreto”, reflexiona Padilla sobre la reunión del pasado viernes. “Espero que impere el sentido común, porque hay comunidades de todo signo político que quieren poner en marcha este tipo de medidas”, asegura el secretario de Estado, aunque también imagina que alguna región intentará que la limitación a fumar en terrazas sea opcional.
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Son muchos los planes en ciernes que trae consigo este plan antitabaco. En el documento que se envió a las comunidades y al que ha tenido acceso Infobae España se aspira a equiparar por ley la publicidad, promoción y patrocinio de productos relacionados y nuevos productos a la existente para productos del tabaco; promover el empaquetado genérico y la prohibición de aditivos que confieren aromas en tabaco y en productos relacionados; un gravamen específico para los cigarrillos electrónicos con nicotina; incorporar al Sistema Nacional de Salud aquellos fármacos adecuados para dejar de fumar; ampliar los espacios sin humo de tabaco y sin aerosoles de cigarrillos electrónicos; promover la prevención del tabaco en menores.
La queja generalizada a la hora de analizar el acuerdo fue falta de tiempo para leer el documento o la necesidad de que sea interpretado por políticos de las autonomías y no por los técnicos, que ya han trabajado en él. El documento, de 140 páginas, reformula el marco de acción sin concreción para no invadir competencias, pero sí para lograr acuerdos de mínimos.
Temor a un bloqueo del PP
Una de las comunidades que no dudó en cuestionar el acuerdo, aún pendiente de votación, fue Madrid. Elena Andradas, representante del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en la reunión se sorprendió por la “ceremonia de confusión” al comprobar que la ministra Mónica García, según su propia versión, “daba por hecho el consenso de la aprobación de plan”, tal y como dijo en declaraciones facilitadas a este medio.
Son muchos los planes en ciernes que trae consigo este plan antitabaco. Por ejemplo, se aspira a equiparar por ley la publicidad, promoción y patrocinio de productos relacionados y nuevos productos a la existente para productos del tabaco; promover el empaquetado genérico y la prohibición de aditivos que confieren aromas en tabaco y en productos relacionados; un gravamen específico para los cigarrillos electrónicos con nicotina; incorporar al Sistema Nacional de Salud aquellos fármacos adecuados para dejar de fumar; ampliar los espacios sin humo de tabaco y sin aerosoles de cigarrillos electrónicos; promover la prevención del tabaco en menores.
El Ministerio de Sanidad presume y asegura que se reunirá con todas las partes y que habrá consenso en todo aquello que se apruebe. Sin embargo, deja fuera de sus sesiones de escucha al lobby tabacalero, con el que han dicho, no tienen intención de entenderse para sacar la ley adelante. Ante su postura inamovible, Padilla teme que estas empresas utilicen a las comunidades autónomas para imponer sus demandas: “Esperamos que no sean propuestas alineadas con las que hace la industria tabacalera. Sería bastante lamentable que hicieran de voceros del lobby”, dice a este medio sobre la próxima reunión con las comunidades. En poco menos de dos semanas, el plan antitabaco pasará una prueba de fuego importante.
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