
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha colgado este jueves en información pública el proyecto de real decreto por el que se crea el Consejo de la Productividad de España. Se trata de uno de los puntos del acuerdo del gobierno de coalición firmado en 2023 y de una recomendación del Consejo de la Unión Europea desde el año 2016. De hecho, España es junto con Italia y Estonia uno de los pocos países que aún no ha creado este organismo.
Según recoge el documento, el Consejo tendrá autonomía funcional y el nombramiento de sus miembros se hará basándose en criterios de experiencia y competencia. Estará compuesto por un presidente, un vicepresidente y quince vocales, su composición será paritaria y la duración del mandato de todos sus miembros será de cinco años, sin posibilidad de prórroga. Para equilibrar las fuerzas, aunque el organismo está adscrito a Economía y será Carlos Cuerpo quien nombre la presidencia, Yolanda Díaz elegirá a la vicepresidencia y ambos deberán ser “personas de reconocida competencia en asuntos económicos”.
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Formarán parte del Consejo los vocales nombrados por las personas titulares de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades; de Transformación Digital y de la Función Pública; de Hacienda, así como del Banco de España y del Consejo Económico y Social. Además, participarán en el consejo con voz, pero sin voto, dos personas a propuesta de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y dos personas a propuesta de las organizaciones empresariales.
Las funciones del Consejo han quedado también repartidas en los intereses más señalados por Economía y Trabajo. La primera de ellas será elaborar análisis económicos y estadísticos orientados a la evaluación y diagnóstico de la productividad y la competitividad de la economía española y su reparto entre rentas del trabajo y beneficios empresariales, así como de las políticas públicas con impacto en estas dimensiones. El reparto de las ganancias de productividad de las últimas décadas es un tema que ha reivindicado en reiteradas ocasiones la vicepresidenta segunda y CCOO y en el que enmarcan la reducción de la jornada laboral legal.
Órgano de consulta para las políticas
El organismo realizará opiniones públicas en materia de política económica y será autónomo en la elaboración de su plan de trabajo, en la detección de ámbitos de estudio relevantes y en la elaboración de análisis e informes. Al menos hará uno anual que publicará antes de final de año. La creación del Consejo llega en un momento clave por el debate de la reducción de la jornada, ya que diversos economistas y el Banco de España advierten de que puede aumentar la brecha negativa de productividad y de PIB per cápita con la UE.
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En opinión de Yolanda Díaz, impulsora de la medida, reducir la jornada producirá precisamente el efecto contrario: al trabajar menos horas los trabajadores serán más productivos, por lo que mejorará la productividad agregada y los salarios por hora subirán. Por otra parte, al reducir las horas de trabajo harán falta más trabajadores, se repartirá el empleo, y aumentará la tasa de empleo. Economía comparte con Trabajo en que hay un problema con la productividad en España y este órgano de consulta puede contribuir a alcanzar un diagnóstico y una senda común entre los dos partidos del gobierno para aprobar distintas políticas más allá de la reducción de la jornada.
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