Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la mutua de la Seguridad Social Umivale Activa constata el aumento de las bajas laborales por Incapacidad Temporal (IT) y su consecuente impacto negativo tanto personal como económico. Los trabajadores pierden más horas en bajas por enfermedad que hace una década e incluso superan los datos registrados en los peores meses de la pandemia. Además, este aumento es más elevado que en otros países europeos, por lo que España se ha situado en el top comunitario con más porcentaje de trabajadores de baja por IT y mayor coste en términos de gasto sobre el PIB.
Según los autores, el porcentaje de personas que no acuden a su puesto de trabajo por (IT) ha pasado de representar un 2% sobre el total de ocupados en 2013, a duplicarse y situarse en el 4,1% en 2023. Con esta tasa, España, junto a Francia y Portugal, “encabeza el ranking de absentismo laboral por incapacidad temporal entre los países de la UE”, señalan. Son datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (INE) y de Eurostat, donde se observan dos fases muy diferenciadas con un punto de inflexión en 2012. En la primera fase (2007-2012), la tasa de absentismo desciende del 2,8% inicial a un mínimo del 2% en 2012. Sin embargo, a partir de ese año, comienza un periodo de crecimiento ininterrumpido, acelerado por el Covid-19.
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Estas ausencias laborales por incapacidad temporal “repercuten negativamente y de modo directo” en los trabajadores que se ven afectados, pero también en las empresas y en el conjunto de la sociedad. El impacto económico que tienen las prestaciones de baja por IT supone un 1,4% del PIB de España (más de 17.000 millones de euros al año), según los últimos datos de 2021 procedentes de Eurostat. Este porcentaje se sitúa por encima de la media de la UE (1,2%) y representa un crecimiento de 0,6 puntos respecto a 2014. España también supera a la media de la UE en ocupados de baja por IT, que fue el 2,5% en 2022, últimos datos disponibles.
La evolución por comunidades autónomas es heterogénea, aunque todas presentan niveles superiores a los de hace dieciséis años. Las que encabezan el ranking en 2023 coinciden con las que han experimentado un mayor incremento: País Vasco, que ocupa la primera posición con una tasa del 5,8% (+2,1 puntos desde 2007), seguida Galicia, Asturias y Cantabria, todas ellas con tasa por encima del 5% de ocupados y con incrementos superiores a los 2 puntos desde 2007. En el otro extremo se encuentran Madrid, Baleares y Aragón, con tasas inferiores al 3,5% e incrementos más moderados, por debajo de 1 punto porcentual.
Respecto a las causas que pueden estar detrás del creciente problema, los investigadores aún no desgranan un análisis detallado (que se conocerá en próximas publicaciones), aunque sí apuntan a un cambio de paradigma en el mundo de trabajo tras la pandemia y en el sistema de salud. Señalan cambios en el significado del trabajo que han llevado a fenómenos como “la gran dimisión” o la “renuncia silenciosa” y problemas de salud mental.
El Gobierno estudia ceder gestiones a las mutuas
Las organizaciones que han elaborado el estudio consideran que estos niveles son “preocupantes” y se proponen “indagar” en los factores que inciden en este fenómeno para poder afrontarlo y prevenirlo. En esta misma línea trabajan ya los agentes sociales y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, competente en la materia. Por el momento el Gobierno está estudiando cómo implicar a las mutuas en mayor medida en la gestión de las incapacidades temporales para “facilitar la recuperación óptima de la salud de los trabajadores”, aunque todavía no se conocen más detalles porque la medida se encuentra en negociación con CCOO, UGT y CEOE/Cepyme.
Ya en 2023 sindicatos y patronal pidieron en el V AENC que las administraciones con competencias desarrollaran convenios con las mutuas para “realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores” en incapacidades temporales de origen traumatológico. Sin embargo, también explicitaron que esto se hiciera “sin modificar las actuales competencias de los servicios públicos de salud” y dando libertad de elegir al trabajador de baja dónde se trata. Posteriormente, el Gobierno reconoció el problema y aseguró que una mayor duración de las bajas por IT “indudablemente tiene que ver con problemas que existen en servicios públicos de salud”, declaró el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.
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