El Gobierno reconoce que el atasco en la sanidad pública impide a trabajadores de baja incorporarse a su puesto

La mayor duración de las bajas laborales por Incapacidad Temporal (IT) y su creciente número es una preocupación compartida por patronal y sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y ahora también la reconoce el Gobierno. Según ha afirmado este viernes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, que haya una mayor duración de las bajas por IT que antes “indudablemente tiene que ver con problemas que existen en servicios públicos de salud”.

Suárez ha apelado a los conflictos laborales que ha habido en el ámbito sanitario, que “reflejan una dificultad en el funcionamiento” del sistema público, y ha avanzado que el Gobierno está trabajando para que los medios asistenciales de las mutuas se aprovechen en “apoyar a los servicios públicos de salud” para “favorecer la recuperación de los trabajadores”. “En el tiempo que tenemos vamos a ver hasta donde llegamos y si no será una tarea prioritaria en la próxima legislatura”, ha afirmado el secretario de Estado.

Los datos de la EPA registran un repute claro de las personas que no trabajan por enfermedad, accidente o incapacidad temporal: llegaron a ser 829.900 en el primer trimestre de 2023, un 55,9% más que en el mismo periodo de 2019. El aumento de trabajadores de baja tuvo una causa lógica entre 2020 y 2022 como consecuencia del Covid, pero este fenómeno no debería haberse enquistado, como ha sucedido. Esto ha provocado además un incremento de gasto del 13,3% anual en 2022 en los subsidios temporales por contingencias comunes que paga la Seguridad Social.

Las mutuas de las que habla el Gobierno están gestionadas por asociaciones privadas sin ánimo de lucro que forman parte del sector público estatal dada su financiación pública, pero no integran la sanidad pública. Los sindicatos y la patronal acordaron en el AENC aprovechar mejor sus recursos para agilizar los problemas en las bajas por IT en la sanidad pública, fundamentalmente, los prolongados tiempos de espera.

En concreto, pidieron a las administraciones con competencias en la materia, el Ministerio de Seguridad Social, entre otras, que desarrollen convenios con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para “realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores” en incapacidades temporales de origen traumatológico. En este grupo entran, por ejemplo, lumbalgias, hernias o el síndrome del túnel carpiano, muy habitual en trabajadores manuales y de industrias. Sin embargo, también explicitaron en el AENC que esto se hiciera “sin modificar las actuales competencias de los servicios públicos de salud” y dando libertad de elegir dónde se trata el trabajador de baja.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, defendieron durante la firma del AENC que lo que “ponen en valor” con esta petición de las mutuas es “la falta de sanidad pública” porque hay personas que tienen que esperar “muchos meses” a la rehabilitación y aclararon que las mutuas no controlan las bajas por incapacidad temporal, una pretensión histórica de la patronal.

Desde el equipo de coordinación del Área Pública de CCOO, Rosa Cuadrado afirma a Infobae España que el Ejecutivo “mantiene una sanidad infrapresupuestada” y reivindica destinar un mínimo del 7,2% del PIB para sanidad y un 25% de ese porcentaje para Atención Primaria. Según el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas en abril, el Gobierno compromete un gasto anual en sanidad del 6,9% del PIB entre 2023 y 2026.

Cuadrado considera que no dotar a la sanidad de los recursos financieros y humanos necesarios, algo que se está haciendo “desde distintas administraciones”, promueve “su desprestigio y el cambio en la opinión pública para que vire en sus preferencias hacia sistemas mixtos de colaboración público-privada o hacia la privatización pura y dura”.

Más allá del daño que produce para el trabajador de baja no poder incorporarse a su puesto por problemas del sistema sanitario, también provoca un descenso en las horas trabajadas por ocupado, cifra que miran con atención los economistas por su impacto negativo en la productividad y, posiblemente también, en el PIB. Las horas de trabajo efectivas han crecido menos que el empleo, algo que no sucedía antes de la pandemia y que se debe precisamente al aumento de ocupados que no trabajan, según detallaron Fedea y BBVA Research en su observatorio trimestral del mercado laboral este jueves.

Dentro de este colectivo también han aumentado las personas que se encuentran de vacaciones hasta las 582.700 según la EPA del primer trimestre, un incremento del 31,2%, pero los que no trabajan por enfermedad son mayoritarios, la mitad de todos los ocupados que no trabajaron. No obstante, el fenómeno de tener menos horas trabajadas tras la pandemia es común en los países europeos, por lo que también cabe la posibilidad de que se esté produciendo una tendencia secular, es decir, una transformación a medio y largo plazo en ciertos comportamientos, como la convergencia hacia jornadas laborales de menos horas a la semana, un fenómeno que se podría haber acelerado por la pandemia.

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