¿Un impuesto estatal a las herencias? Hacienda cuestiona la propuesta de Sumar por invasión de competencias autonómicas

El partido liderado por Yolanda Díaz y socio minoritario de la coalición de Gobierno llevaba una batería de nuevos impuestos para aumentar la recaudación en su programa electoral de las elecciones de julio de 2023, pero muy pocos terminaron reflejados en el acuerdo con el PSOE, que marca la hoja de ruta del Ejecutivo. Pese al documento, las notables diferencias en fiscalidad entre ambas formaciones han aflorado rápidamente.

La primera brecha se produjo en diciembre, cuando la parte socialista del gobierno rediseñó el gravamen temporal a las energéticas sin acuerdo con Sumar para incluir bonificaciones a ciertas inversiones verdes a partir del 1 de enero de 2024. El partido de Díaz inició en enero su contraataque y pidió a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nuevos impuestos no pactados de cara a la negociación de los presupuestos.

Carlos Martín, diputado y gurú económico de Díaz, planteó en la Comisión de Hacienda “un nuevo impuesto de solidaridad a las grandes herencias y donaciones”; acabar con la bonificación del IVA en la educación universitaria privada y crear un “impuesto inteligente” a la producción y distribución agroalimentaria. Las dos primeras medidas provienen de su programa electoral.

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Según Martín, la finalidad es “evitar el dumping fiscal entre comunidades autónomas siguiendo el buen ejemplo del Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas”. Al salir de la comisión, Montero afirmó a los periodistas que desconocía la medida: “No me gusta pronunciarme sobre cosas que no conozco (...) no sé lo que plantean”, afirmó, y se remitió a lo pactado en el acuerdo de coalición. Pero también señaló que duda de “si hay capacidad competencial” porque “ese impuesto está cedido” a las comunidades autónomas, en referencia al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En el acuerdo de gobierno, ambas formaciones solo se comprometen a “avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”. De hecho, el Gobierno estableció en el octavo real decreto ley anticrisis que el impuesto a las grandes fortunas estará vigente hasta que se revise la tributación patrimonial en la reforma de la financiación autonómica, un asunto pendiente desde 2014.

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No obstante, cabe recordar que el Impuesto de Patrimonio también está cedido y que lo que hizo el impuesto a las grandes fortunas vigente desde 2023 es, precisamente, armonizar un tipo mínimo a nivel estatal para impedir agujeros de tributación autonómicos en patrimonio. Hacienda justificó esta medida en la necesidad de pedir “un mayor esfuerzo a quienes más tienen en un contexto de alza de precios por la guerra de Ucrania” para poder financiar las ayudas contra la crisis, subvenciones que deberían desaparecer en 2024. Además, el Tribunal Constitucional avaló el gravamen impugnado por la Comunidad de Madrid al entender que “es complementario” al Impuesto de Patrimonio. Si se paga por este no se tributa por grandes fortunas.

Las CCAA pierden 297 millones por bonificar Sucesiones y Donaciones

PSOE y Sumar tendrán que exponer públicamente sus argumentos y exigencias en torno a este asunto como consecuencia de una propuesta legislativa del PP. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha registrado una proposición de ley en el Senado para eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a nivel nacional, como ha hecho ya prácticamente en todas las regiones en las que gobierna. La norma se verá en el pleno de la Cámara Alta en las próximas semanas, según fuentes del partido, y tras su previsible aprobación dada la mayoría absoluta del PP, se debatirá en el Congreso.

Este impuesto ha sido bonificado completamente en los últimos meses en Baleares, La Rioja, Valencia y Canarias, aunque Aragón y Cantabria también lo han rebajado. Ya había bonificaciones anteriores en Andalucía, Murcia y Madrid, donde el PP gobierna desde antes de 2023. En consecuencia, el Plan Presupuestario de 2024 publicado por el Gobierno en octubre calcula que las comunidades autónomas dejarán de ingresar 297,4 millones en 2024 por las rebajas fiscales en sucesiones y donaciones, tres veces más que en 2023. Las regiones obtuvieron el 20,3% de sus ingresos tributarios en 2021 (últimos datos disponibles) por este impuesto, cuando tenía muchas menos bonificaciones.

A nivel de la OCDE, los impuestos sobre la riqueza como tal y separados de la imposición sobre la renta no son habituales, de hecho, se han ido eliminando en las últimas décadas. Noruega, España y Suiza son los únicos países de la OCDE que recaudan actualmente impuestos sobre el patrimonio neto, aunque otros como Francia, Italia y Países Bajos gravan el patrimonio inmobiliario y los activos financieros. Según refleja el último informe de la OCDE sobre política fiscal (de septiembre de 2023), Noruega endureció su impuesto de patrimonio en 2021 y 2022 para financiar las medidas de apoyo gubernamental relacionadas con la crisis energética y la inflación, una filosofía parecida a la aplicada en España a partir de 2023.