Las concesiones que el Gobierno ha hecho a Junts en dos meses para conseguir la investidura y salvar los decretos

La manida ley de amnistía a los encausados por el procés catalán es solo la punta del iceberg de las medidas que el Gobierno de coalición ha pactado con Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, primero, y de permitir la convalidación de los decretos anticrisis y el denominado decreto ómnibus, que incluye reformas para la solicitud de 10.000 millones de euros de los fondos europeos, en medio de una jornada agónica en el Senado.

Intensidad en las negociaciones –con la tensión al límite–, declaraciones cruzadas, predisposición de los socialistas, exigencias de los independentistas (e incluso amenazas), e informaciones contradictorias sobre los acuerdos. Estos elementos han envuelto los pactos alcanzados entre socialistas y el partido de Carles Puigdemont en tan solo dos meses. La legislatura en la que “el diálogo va a ser más importante que nunca”, tal como insisten las diferentes voces del Gobierno ante los delicados equilibrios para la conformación de las mayorías parlamentarias, se ha saldado hasta la fecha con importantes concesiones a los independentistas.

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De momento, casi todas las medidas solo están en un papel, pues están pendientes de materializarse más allá de los gestos y los primeros pasos. Otros puntos de los acuerdos tampoco se han concretado, especialmente los que afectan al pacto in extremis para permitir la convalidación de los decretos en el Senado. De hecho, varias iniciativas han sido corregidas posteriormente desde la parte socialista del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No obstante, los socialistas se anotan una nueva victoria sobre la bocina y se jactan de que Junts, que en la legislatura anterior estuvo “fuera del perímetro del acuerdo”, permitiera la gobernabilidad al avalar la investidura de Sánchez y este miércoles diera un nuevo respiro al no impedir la convalidación de las medidas, según ha valorado este jueves la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

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¿En qué consisten esos acuerdos? Antes de la investidura, de cara a apoyar la elección de la socialista Francina Armengol para presidir el Congreso, PSOE y Junts pactaron impulsar el catalán en el Congreso –la oficialidad de las lenguas cooficiales es ya una realidad–, y extenderla a la UE, así como la creación de una nueva comisión sobre la denominada Operación Cataluña (referida al presunto uso ilegal de medios públicos para perjudicar a rivales políticos con denuncias que se demostraron falsas) y abrir una investigación sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Estas peticiones también formaban parte de los acuerdos sellados con ERC, añadiendo la creación de otra comisión sobre el espionaje con el software Pegasus a líderes independentistas.

Más tarde, el Congreso aprobó con el apoyo del PSOE la creación de los tres órganos parlamentarios, quedando a la espera de que echen a andar los trabajos. “Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, añade el pacto de investidura.

En el marco de estas comisiones, Junts y ERC quieren citar a jueces para examinar la existencia de lawfare, algo que el Gobierno rechaza, pues en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, los jueces no “están obligados a acudir”, ya que esas comisiones “no pueden revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales”. Por ende, no sería “útil” su asistencia en sede parlamentaria.

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Más allá de la ley de amnistía, PSOE y Junts acordaron seguir dando pasos hacia la solución del conflicto político de Cataluña con el Estado a través de una mesa de negociación entre partidos, con reuniones periódicas en Ginebra (Suiza) protagonizadas por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el líder de Junts, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Tras constatar que afrontan estas citas con posiciones radicalmente opuestas, ambos partidos eligieron la figura de un mediador para “acompañar, verificar, y hacer un seguimiento”. En su primera reunión en la ciudad suiza pactaron el nombre del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez para realizar estas funciones. Otro de los puntos es la “ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio”.

Incógnitas sobre la cesión de las competencias en inmigración

En cuanto al último acuerdo alcanzado para permitir sobre la bocina la convalidación de las medidas anticrisis y las reformas para la recepción de 10.000 millones de euros de los fondos europeos, destaca el traspaso a Catalunya de competencias en materia de inmigración, pero sin concretar los detalles. En este sentido, la parte socialista del Gobierno y Junts han protagonizado informaciones contradictorias. Mientras los independentistas explican que el acuerdo incluye la gestión “integral” de esa materia, además de los permisos de residencia, la expedición de documentos y los “flujos migratorios”.

Si bien, María Jesús Montero ha aclarado que, al amparo de la constitución y de la normativa de derecho comunitario, lo que “se acordó fue una delegación de competencias” que deberá “materializarse a través de una ley orgánica”, implicando así el apoyo de una mayoría absoluta en el Congreso, por lo que no solo tendrá que ser acordada con Junts, sino con el resto de socios parlamentarios.

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“Habrá que discutir en los próximos meses los elementos que tienen que contener y los recursos, y tendremos posibilidad de ver cuáles son las opciones que nos podemos encontrar”, ha señalado para zanjar que lo que Junts vende como una “transferencia de la titularidad” será en realidad una “delegación de competencias”, lo que dicta que la competencia seguirá siendo del Estado. “Es aventurado trasladar ningún elemento ni ninguna cuestión porque nos quedan meses de discusión con Junts y el resto de grupos, y que esté en sintonía con lo que acabamos de pactar en Europa dentro del nuevo pacto antiinmigración”.

Por otro lado, Bolaños ha restado importancia a otro de los puntos en los que finalmente acabó cediendo el Gobierno. Se trata de la supresión del nuevo artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento criminal sobre la “cuestión prejudicial europea”. Este punto pone negro sobre blanco una práctica que ya es una realidad jurídica, pero la UE exigía incorporarlo en la ley. Esta medida alude a la congelación de los procedimientos judiciales cuando se eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), manteniendo la aplicación de la norma en suspenso hasta que el Tribunal resuelva dicha petición.

Según Junts, este punto “amenaza la viabilidad” de la ley de amnistía ante un eventual recurso, pero el Gobierno rechazaba quitarlo del decreto ómnibus. Tras el acuerdo, lo retirará vía enmienda en la tramitación de la norma como proyecto de ley. En todo caso, es una suerte de brindis al sol, ya que “no cambia nada el régimen de las cuestiones prejudiciales en nuestro país”, como ha reconocido el titular de Justicia. Dentro de esta materia, PSOE y Junts acordaron multiplicar por cinco el dinero previsto para la digitalización de la administración de justicia (pasando de 1,2 millones a 6,2 millones).

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Según el acuerdo, “el Estado asumirá la totalidad del coste de los descuentos y las bonificaciones al transporte público por parte de la Administración central”, pero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha especificado que esto no supone un aumento del gasto sino que la parte que aporta el Estado, un 30 %, ya no estará condicionada a que las comunidades rebajen otro 20%.

El resto de medidas del pacto lo completan la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0%, la reforma de la ley de sociedades de capital mediante Consejo de Ministros –revertir el real decreto promulgado por el PP en 2017– para permitir el retorno de las empresas a Cataluña, la publicación “inmediata” de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales y el “reconocimiento de los derechos históricos catalanes en materia de régimen local”.