El Gobierno corrige a Junts y no sufragará la rebaja al transporte en Cataluña: solo abonará el 30% aunque las comunidades no aporten su 20%

Que la legislatura iba a estar plagada de incertidumbre y complicaciones era algo que se preveía desde el primer momento. Y la primera votación en el Congreso de los Diputados ha constatado esta realidad. Junts per Cataluña sabía que la aprobación de los primeros decretos del nuevo Ejecutivo era el momento perfecto para negociar. Así, la abstención que ha favorecido que salgan adelante estas medidas incluye ciertas concesiones, entre las que se encuentra la bonificación al transporte. Sin embargo, María Jesús Montero, ha corregido a la formación independentista y ha explicado que, según el acuerdo, el Ejecutivo dejará de condicionar su subvención del 30% al transporte público a que las comunidades autónomas aporten otro 20%.

El pasado mes de diciembre, el Consejo de Ministros daba luz verde a los diferentes paquetes de medidas que ayer se sometían a votación en el Congreso. Uno de ello incluía la prórroga de las ayudas directas para promover la rebaja de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano e interurbano durante todo 2024.

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En concreto, el Gobierno subvencionará durante 12 meses más la rebaja del 30% del transporte a las comunidades autónomas y las entidades locales que se comprometan a implantar y complementar los descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio de los servicios de transporte terrestre de su competencia para los viajeros habituales.

“Lo que hemos acordado con Junts es que no se condicione la parte que nosotros vamos a financiar de un transporte que no es competencia del Estado, que es el transporte del metro, del autobús, digamos, el transporte municipal”, ha señalado Montero. De este modo, ha precisado la vicepresidenta, con independencia de que las comunidades autónomas planteen o no esa bonificación al transporte, el Gobierno subvencionará el 30%.

“Pero yo estoy convencida de que las comunidades autónomas contribuirán voluntariamente a aportar un 20% para que el billete del autobús valga la mitad y, por tanto, sigamos combatiendo los efectos de la inflación fundamentalmente en la economía doméstica y en los trabajadores”, ha añadido Montero. La ministra de Hacienda ha destacado que la bonificación del transporte público es una medida “progresiva”, pues permite, sobre todo, a aquellos que se desplazan en este medio, tener una mayor capacidad económica, al tiempo que impulsa el uso del transporte público en detrimento del vehículo privado.

Para sufragar estas bonificaciones, el Gobierno destina 660 millones de euros a cubrir su parte de las rebajas al transporte entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 y las administraciones deberán asumir el resto del coste de la medida con cargo a sus presupuestos. Sin embargo, desde Junts afirman que en el acuerdo para sacar adelante los decretos, el Gobierno se comprometía a abonar la totalidad de esta bonificación, que tiene un coste para las arcas públicas catalanas de más de 71 millones de euros.

Vuelta de empresas a Cataluña

Según han explicado desde la formación independentista, el acuerdo con el PSOE incluye también la promesa de reformar la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto del PP en 2017 con el fin de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña por el procés. Un pacto que llega después de que desde la formación catalana contemplase esta misma semana la posibilidad de “sancionar” a aquellas empresas que no volviesen.

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A este respecto, Montero ha subrayado que el derecho comunitario de las empresas a su libre instalación “es muy claro” y que el Gobierno de España “no puede poner ningún tipo de traba a que las empresas se instalen donde consideren conveniente”. Lo que hace el acuerdo con Junts, ha explicado Montero, es “reforzar la legalidad vigente” para que “no se produzcan ingenierías fiscales”, de modo que las empresas no puedan situar su domicilio social en un sitio distinto al declarado para su actividad principal.

“Se refuerza que se vigile y que se esté atento a que efectivamente cuando el establecimiento principal de una empresa reside en un lugar, pues allí es donde tiene que llevar a cabo todas sus obligaciones, también las tributarias. Pero evidentemente la libre instalación de empresas es una realidad de nuestro derecho comunitario y seguirá siéndolo”, ha concluido.