Los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas, en el aire: el Gobierno perdería más de 3.500 millones si no se aprueba el decreto anticrisis

Los decretos que se votan en el día de hoy en el Congreso de los Diputados y que Junts per Catalunya amenaza con tumbar incluyen, entre otras medidas, la prórroga de los impuestos a las ganancias extraordinarias a bancos y energéticas, así como el gravamen a las grandes fortunas. En el caso de que las negociaciones del PSOE con los de Carles Puigdemont no den sus frutos -y, por tanto, se mantenga el voto en contra al de la formación independentista- las arcas públicas van a acusar una pérdida de ingresos superior a los 3.500 millones de euros.

Hasta el momento, Junts se niega a apoyar los decretos al considerar que la reforma judicial pone en riesgo la aplicación de la amnistía, mientras que Podemos no confirma su apoyo a la reforma del subsidio de desempleo y el paquete antiinflación. Sin sus votos, el Gobierno, que cuenta con el sí de Sumar, ERC, PNV, Bildu y Coalición Canaria, no tiene la mayoría suficiente. La formación de Puigdemont ha pedido la retirada de los tres decretos y que se negocien antes de presentarlos de nuevo. Entre sus reclamaciones figuran retirar los artículos de la reforma judicial que cree que afectarían a la amnistía, beneficios fiscales para que las empresas vuelvan a Cataluña y sanciones para las que no lo hagan.

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De no conseguir el apoyo de Junts, decaerían el impuesto sobre las grandes fortunas y los gravámenes sobre banca y energéticas, con la consiguiente pérdida de ingresos: Hacienda se juega unos 3.500 millones de euros.

Los gravámenes que afectan a las grandes empresas de estos dos sectores recaudaron en 2022 unos 2.900 millones de euros. Las compañías de los dos sectores abonaron el segundo pago el pasado mes de septiembre, aportando las entidades 626 millones y las energéticas, 827 millones. Cuantías que se suman a lo desembolsado en febrero, con el primer pago, que fue de 637,1 millones de la banca y de otros 817,4 millones de las energéticas.

El Gobierno de coalición se ha propuesto mantenerlos para revisarlos más adelante, aunque incluyendo una bonificación que todavía tiene que diseñarse para que las energéticas puedan descontarse las inversiones verdes. Por eso, y a la espera de a cuánto podría ascender la recaudación de 2024 una vez que se sepa el impacto de este descuento, Hacienda perdería esa recaudación.

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Algo similar sucede con el impuesto a los ricos, con el que el Ejecutivo ha recaudado 623 millones en 2023. El gravamen nació para presionar a las comunidades autónomas que bonifican el de patrimonio, con el objetivo de que lo recuperasen. Algunas como Madrid ya lo han hecho, por lo que la recaudación del nuevo gravamen sería muy limitada a partir de 2024. Sin embargo, si la prórroga del impuesto a los ricos no saliese adelante, las regiones que han recuperado el tributo original para que la recaudación no vaya al Estado podrían volver a bonificarlo al 100% para dejarlo sin efectos.

¿Qué medidas quedarían suspendidas?

El Congreso debate tres reales decretos leyes aprobados en diciembre: uno con el octavo paquete de medidas para combatir los efectos de la inflación, otro con la reforma del subsidio de desempleo y una norma ómnibus con las reformas pendientes comprometidas en el Plan de Recuperación. El paquete antiinflación incluye, entre otras medidas, la gratuidad del Cercanías y los trenes de media distancia, la rebaja del 30% del transporte urbano e interurbano, la rebaja del IVA de la luz y el gas al 10% (en este último caso, solo el primer trimestre) y el IVA cero para los alimentos básicos.

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También la subida de las pensiones contributivas en un 3,8%, la eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años o la extensión de la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables, así como la ampliación en un año del impuesto sobre las grandes fortunas y de los gravámenes sobre banca y energéticas.

Un segundo decreto reforma el subsidio de desempleo, que se amplía a colectivos hasta ahora exentos, como los menores de 45 años sin cargas familiares, y se eleva de 480 euros a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes, compatibles con el trabajo durante los primeros 180 días. Además, se permite a todos los trabajadores disfrutar de forma acumulada del permiso de lactancia y se introduce la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales.

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El decreto ómnibus recoge las reformas pendientes para acceder al cuarto tramo de los fondos europeos, relativas a la justicia, el régimen local, el mecenazgo y, en materia económica, el contenido de la ley de función pública, que decayó con la convocatoria electoral, lo que incluye la introducción de la evaluación del desempeño de los funcionarios.

El coste del paquete antiinflación es de 5.350 millones, según el Gobierno, por lo que en principio su retirada es positiva para las cuentas públicas, aunque no se ha detallado el impacto de cada medida. Pero al mismo tiempo se reduciría el gasto derivado de las ayudas al transporte -unos 1.360 millones, según el plan presupuestario- o las rebajas del IVA del gas, la luz y los alimentos, que suponen unos 4.500 millones en 2023, según la AIReF, aunque en 2024 la cantidad sería inferior porque se bonificaría en menor medida. A esto habría que sumar la eventual pérdida de 10.000 millones de fondos europeos por no cumplir los hitos del Plan de Recuperación, aunque esto dependería de la evaluación de la Comisión Europea.