Qué es el decreto ómnibus en España que propone el Gobierno y qué punto disgusta a Junts para no apoyarlo

El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta este miércoles a su primera prueba de fuerza en el Congreso. Se trata de los tres reales decretos-leyes que se someterán a convalidación este miércoles en un pleno extraordinario (se realizará en el Senado por las obras de modernización del hemiciclo de la Cámara Baja). Y es que, aunque el Consejo de Ministros aprobó las tres iniciativas en diciembre de 2023, este tipo de normas con rango de ley necesitan ser ratificadas en un plazo de 30 días hábiles en la Cámara Baja; de lo contrario, decae su puesta en marcha.

A menos de 48 horas de su debate y votación, ninguna de las medidas tiene los apoyos suficientes garantizados (se necesita mayoría simple; más síes que noes). Son los referidos al último paquete de medidas contra la inflación, la reforma del subsidio de desempleo y una ley ómnibus que incluye la ley de función pública (es esencial para solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos valorado en 10.000 millones de euros). En este sentido, PP y Junts amagan con tumbar los tres mientras que Podemos planea no apoyar dos de ellos (los dos primeros).

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Los tres partidos han puesto sobre la mesa exigencias que el Gobierno se niega a incluir, aunque en el caso de los poscovergentes, el Ejecutivo de coalición se abre a negociar “otras materias que le puedan resultar de interés”. Ante las reticencias de los morados, las dos almas de lo forman, PSOE y Sumar, piden responsabilidad y altura de miras a los de Ione Belarra, ya que en caso decaer, se dejarán de prorrogar las medidas del último paquete contra la inflación y la reforma del subsidio de desempleo.

Junts supedita la convalidación de los tres decretos a la reforma de un punto

En lo que al PP respecta, desde el Gobierno se cierran en banda a incluir algunas de sus tres propuestas, basadas en rebajas fiscales, y centran la mirada en Junts, con quien se abre a negociar “otras materias que le puedan resultar de interés”. Los de Carles Puigdemont han avanzado su no el próximo miércoles por sus reticencias en uno de los puntos de la ley ómnibus.

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Dentro del real decreto-ley de “medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, cuya convalidación de las medidas incluidas en el texto es fundamental para que el Ejecutivo pueda solicitar un nuevo desembolso de los fondos europeos, el Gobierno acomete una exigencia de la UE que ya se venía dando en la práctica. En esencia, la norma pone negro sobre blanco una “realidad jurídica”, como ha defendido este lunes la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

En Junts creen que la modificación de la ley de enjuiciamiento civil puede afectar a la aplicación de la eventual ley de amnistía que se tramita en el Congreso. En concreto, se añade un nuevo artículo 43 bis de la ley sobre la “cuestión prejudicial europea”: la congelación de los procedimientos judiciales cuando se eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), manteniendo la aplicación de la norma en suspenso hasta que el Tribunal resuelva dicha petición.

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En este sentido, una previsible cuestión prejudicial de la ley de amnistía podría retrasar la aplicación de la norma, a pesar de que esta prevé un margen de dos meses para que los jueces la pongan en marcha. Por ende, tanto en Moncloa como en Ferraz se cierran en banda a introducir un cambio en este asunto. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha avanzado que en Junts “saben” que este asunto no es negociable e incluso “están de acuerdo porque ya existía en la legislación europea”.

Más allá de este punto, a lo largo de sus 187 páginas, este macrodecreto incorpora medidas en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. El Gobierno justifica la inclusión de las diversas iniciativas en un mismo texto en su carácter urgente, ya que muchas de ellas eran anteproyectos e incluso proyectos de ley que descarrilaron por el adelanto electoral.

La parte fundamental del texto se refiere a la mejora del servicio público de justicia. “A partir de mañana, el derecho de los ciudadanos, las empresas y todas las personas a acceder a la justicia por medios electrónicos será la norma y no la excepción”, resumió el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa.

Entre las aplicaciones concretas destacan la celebración de vistas, juicios y actos procesales a través de medios telemáticos y la creación de la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquier persona consultar todos sus expedientes en distintos ámbitos jurisdiccionales y juzgados, y del Expediente Judicial Electrónico. Además, “se fortalece la interoperabilidad” entre los diferentes órganos que intervienen en la labor de la justicia.

En lo referente a las reformas relacionadas con la justicia, se busca “aumentar la eficiencia procesal” para garantizar la agilidad de los procedimientos y afrontar el aumento de la litigiosidad en España. También en el ámbito penal, las vistas se harán “preferentemente” de manera telemática. En la jurisdicción contencioso-administrativa y en el ámbito civil, se reducen las cuantías del juicio verbal, se agilizan los procedimientos de familia y la ejecución de sentencias y se crea el “procedimiento testigo”: cuando exista una reiteración de procedimientos, se suspenderán todos salvo el primero para que en él se pueda establecer doctrina sobre los demás.

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Sobre la modernización de la Administración Pública, se incluye el “refuerzo de la evaluación del desempeño” de todos los empleados públicos y “el establecimiento de la carrera profesional horizontal”, es decir, que se pueda progresar por tramos desde el mismo puesto en la Administración o la empresa pública. Además, “se regula la figura de los directivos profesionales públicos” en el ámbito de la Administración General del Estado -lo que equivale a los subdirectores generales-, pero también en el caso de las empresas públicas.

Por último, el macrodecreto ahonda en los incentivos fiscales al mecenazgo, incrementando del 35% al 40% los porcentajes de deducción aplicables tanto a personas físicas como jurídicas. Además, amplía de 150 a 250 euros la cuantía del micromecenazgo y actualiza la relación de actividades económicas que dan lugar a deducciones en el Impuesto de Sociedades.