
Una de las prioridades que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha propuesto conseguir en su próxima legislatura es solucionar la crisis de la vivienda. A su juicio, “es uno de los mayores problemas al que se enfrentan muchos ciudadanos en nuestro país y, particularmente, los jóvenes”.
Unos problemas que van desde el elevado coste del alquiler y el encarecimiento de las hipotecas, hasta la falta de inmuebles de obra nueva y la subida en vertical de sus precios, por ello, Sánchez considera necesario “ayudar a los inquilinos y a los pequeños propietarios”.
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Para conseguirlo, el presidente ha anunciado la puesta en marcha de una serie de medidas entre las que se encuentra aumentar la cuantía del Bono del Alquiler, que ahora es de 250 euros y está dirigido a menores de 35 años. Con este incremento pretende “apoyar a los jóvenes que quieren y deben independizarse a edades más tempranas”.
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Otras de las iniciativas son crear una una línea de avales que permita a los jóvenes y a las familias con menores cubrir hasta el 20% de sus hipotecas y habilitar 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible.
A estas medidas se suma una dirigida a “los españoles de clase media y trabajadores que tienen en la vivienda su principal instrumento de ahorro y su red de seguridad”, señaló Sánchez. Consiste en habilitar ayudas para reformar y modernizar sus viviendas con un marco jurídico que las proteja y con incentivos fiscales para que aquellos que lo deseen puedan ponerlas en alquiler.
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El presidente del Gobierno también informó de que aumentará el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros para que más familias puedan acogerse a las medidas de alivio hipotecario en vigor. “Consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años”, señaló.
Buena aceptación, con matices
Todas estas iniciativas han sido bien acogidas por los analistas inmobiliarios consultados por infobae, las consideran “positivas”, pero inciden en que “son insuficientes” para resolver el problema crónico de vivienda que sufre España: “Estas propuestas son positivas, pero no son ni suficientes ni eficaces para solucionar el problema de la vivienda”, afirma Arantxa Goenaga, socia del Circulo Legal de Barcelona.
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Respecto al Bono de Alquiler considera que, en principio también es positivo, pero que el Gobierno debería dirigir sus esfuerzos a fomentar la vivienda social asequible tanto para los jóvenes como para los colectivos más vulnerables.
Una medida que no ve eficaz es la línea de avales del 20% para comprar una vivienda, ya que “ese 20% hay que pagarlo, por lo que no es una solución sino un parche que no resuelve el problema.
Por su parte, Lorena Andrea Zenklussen, CEO de Compracasa, cree que las propuestas encaminadas a ayudar a los jóvenes “son beneficiosas”, pero cree que tendrían que ir aparejadas con otras medidas que fomenten la creación de empleo estable y de calidad para los jóvenes, que les faciliten el acceso a la financiación a la hora de comprar una casa.
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Facilitar el alquiler
Los analistas también ven con buenos ojos los incentivos fiscales dirigidos a los propietarios de pisos que los pongan en alquiler, pero creen que, además, se debería dotar de medios a la administración de justicia para que cuando un inquilino deje de pagar la renta, el propietario pueda recuperar sin demora la vivienda.
En cuanto a la decisión de habilitar 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible, también creen que es una iniciativa adecuada, pero que generará problemas a la hora de gestionarla. Goenaga pone el ejemplo de uno de sus clientes que hace dos años ofreció a la Generalitat un piso para que gestionara su alquiler y “aún no lo ha conseguido”. Para evitar estos problemas propone “que se den de medios a las administraciones que ayuden a acelerar los trámites”.
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Pacto de Estado, la solución
En definitiva, la experta de Círculo Legal aplaude las medidas propuestas por el nuevo Gobierno y que son bienintencionadas pero, señala que “están vacías de contenido y no conseguirán dar una solución a la actual crisis de la vivienda”. La solución vendría, a su juicio, con un pacto de Estado en el que participara el Gobierno y las comunidades autónomas y en el que “se pusieran de acuerdo sobre las medidas a adoptar”.
También Lorena Andrea Zenklussen apoya este pacto que, en su opinión, debería ser público-privado, en el que tuvieran en cuenta a las asociaciones de ciudadanos y a los operadores del sector inmobiliario “que son los que realmente conocen la materia”. Se queja de que en muchas ocasiones los políticos dejan de lado las recomendaciones de los profesionales como ocurrió con la Ley de Vivienda.
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Coincide con Goenaga en que las medidas que propuso Pedro Sánchez en su discurso de investidura son “ambiciosas, favorecen a los ciudadanos y con ellas Sánchez muestran su buena intención, pero es difícil que sean suficientes para solucionar un problema de tanto calado como es el de la vivienda”.
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