La OCDE sugiere volver a las antiguas reformas de pensiones para recortar gastos y destinar más inversión a los jóvenes

La OCDE ve “proco probable” que la reforma de las pensiones del Gobierno de coalición sea suficiente para equilibrar el sistema. Esto ha sido apuntado ya por la AIReF, el Banco de España y diversos centros de estudios, pero el ‘think tank’ de las economías desarrolladas va más allá: propone un cambio de rumbo total en la política de pensiones para recortar gastos y recomienda las principales medidas que contenían las reformas de pensiones de 2011 y 2013. A la vez, avisa de que si el sistema de pensiones sigue siendo deficitario, su financiación se hará “en detrimento de la generación más joven”.

El informe de la OCDE publicado este miércoles recomienda alargar la edad de jubilación en lugar de incrementar automáticamente las cotizaciones sociales si el informe de la AIReF en 2025 detecta que la magnitud de los ingresos y de los gastos no se ajusta a los límites fijados en la ley. Así lo ha expresado Clare Lombardelli, economista jefe de la organización, durante la presentación del documento en el Ministerio de Asuntos Económicos. “La OCDE cree que la edad de jubilación debería aumentar en línea con la esperanza de vida (...) Si no tenemos ese tipo de enfoque, tendremos una carga cada vez más grande sobre la población activa para pagar la jubilación”, ha defendido.

En el documento se señala además que, si tras volver a vincular la edad de jubilación con la esperanza de vida y las últimas reformas del periodo 2021-2023 no se garantiza la sostenibilidad del sistema, se debería “ampliar el período de referencia para computar las pensiones a, al menos, 40 años”. La reforma de Escrivá solo lo aumenta hasta los 29 entre 2027 y 2038 con la opción de poder excluir los dos peores.

La OCDE dedica varias líneas a ensalzar las políticas de Ejecutivos anteriores, asegurando que “el Gobierno emprendió importantes reformas de las pensiones en 2011 y 2013″. Entre ellas, el aumento progresivo de la edad de jubilación a 67 años, un incremento del periodo de cómputo hasta los 25 años y una reducción de la tasa de sustitución (reemplazo) derivada de las dos modificaciones anteriores. Con estas medidas adoptadas bajo los mandatos de Zapatero y de Rajoy se conseguía reducir la cuantía de las pensiones en relación con el sueldo medio.

Sin embargo, como reconoce el informe, las reformas de 2011 y 2013 resultaron altamente impopulares. “La presión social aumentó tras las reformas y llevó a volver a vincular los aumentos de las pensiones a la inflación a partir de 2018 y a retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad que vinculaba las prestaciones iniciales de las pensiones a los cambios en la esperanza de vida”, señala. De hecho, el factor de sostenibilidad nunca se llegó a aplicar y ahora existe en su lugar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Pese a que las críticas llegan desde diversos ámbitos, España ha pactado la reforma de las pensiones con la Comisión Europea en el marco de los fondos de recuperación. Además, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta también ha dado el visto bueno a las proyecciones de gasto en pensiones del Ejecutivo, las cuales calculan que no será necesario aplicar el mecanismo corrector tras el informe de la AIReF de 2025.

Gasto público que fomente el crecimiento

La crítica que subyace al elevado gasto en pensiones se justifica en reducir el endeudamiento y en reorientar las prioridades de las políticas: “los jóvenes se benefician menos del gasto público que otros grupos”, indica la OCDE, a la vez que avisa de que España tiene un “gasto público inadecuado en educación y formación”. En este sentido, el organismo recomienda al Gobierno que establezca prioridades de gasto “más orientadas a las partidas que fomentan el crecimiento” después de que se “revisen gastos”, como los detallados en pensiones. Especialmente, pide invertir más en medidas de capacitación de la mano de obra que se lleven a cabo bajo un “sólido análisis de coste-beneficio”.

La realidad que se describe en el informe de los jóvenes es crítica: “tienen una transición difícil hacia una vida adulta independiente, productiva y feliz” y más complicada que en otros países de la UE. Los problemas y las recomendaciones para atajarlos son diversos: aumentar la financiación en educación para evitar abandono escolar; fortalecer la conexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral; tener unos servicios de empleo mejor financiados y solucionar el acceso a la vivienda.

Los jóvenes tienen un riesgo de pobreza más elevado que los mayores de 65 años y por encima de la media de la OCDE, aunque esta situación de vulnerabilidad está aumentando entre los mayores. La peor situación se deriva, en parte, de la combinación entre trabajos precarios y altos precios de los alquileres, lo cual retrasa además la independencia. La organización propone fomentar una mayor oferta de alquiler en las zonas con dificultades aumentando el parque de viviendas de alquiler social, pero también apunta a rebajas fiscales sobre las transmisiones patrimoniales y a “relajar los controles sobre los alquileres”.