Las víctimas de las residencias de mayores de Madrid responden al PP tras decir que la gestión de Ayuso fue “responsable”: “El resultado fue pésimo”

El colectivo Marea de Residencias, que acudió la semana pasada al Parlamento Europeo para reclamar una misión de eurodiputados que esclarezca las más de 7.200 muertes que se produjeron en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, ha mostrado este jueves su rechazo a las declaraciones que en esa sesión realizó el eurodiputado Pablo Arias Echeverría, del Grupo Popular Europeo, quien defendió la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante esos primeros meses especialmente críticos. “El resultado fue pésimo”, asegura la plataforma.

Después de que la representante de la Marea de Residencias, Carmen López, denunciara la “vulneración de derechos” dentro de estos centros y pidiera “justicia y reparación”, los eurodiputados aprobaron —con los votos en contra del PP y Vox— su petición para que se investigue lo ocurrido, aunque Bruselas aseguró que no enviará esa misión in situ. En el turno de intervención de los políticos, Echeverría aseguró que la Comunidad de Madrid había respondido “de manera responsable y ágil”, al tiempo que “lideró la gestión de la pandemia dentro del Sistema Nacional de Salud”, según indicó.

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Sin embargo, la Marea de Residencias ha querido demostrar con datos que las declaraciones de Echeverría “no son ciertas” y, en ese sentido, asegura que Madrid “fue la región europea con el mayor exceso de mortalidad” por el coronavirus, “incluso más que Bérgamo en Italia”, tal y como confirmó un informe de la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido (ONS, por sus silgas en inglés), que indicó que la semana del 27 de marzo en la capital se registró el mayor pico, al fallecer cuatro veces más personas de lo normal.

Material sanitario

El eurodiputado del Grupo Popular Europeo también manifestó en Bruselas que “Madrid consiguió material sanitario durante esos tres meses (EPIs, mascarillas) cuando nadie lo conseguía”, pero el colectivo ciudadano recuerda que la región adjudicó, el 1 de abril de 2020, “un contrato de 1,5 millones a una empresa propiedad de un amigo de la familia Ayuso, Priviet Sportive, a cambio de traer a España 250.000 mascarillas que llegaron al Ifema el día 10 de abril”. Además, añade la Marea de Residencias, el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso,“cobró una considerable comisión por la intermediación de la gestión de este material que resultó defectuoso”.

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La propia Comunidad de Madrid confirmó que el hermano de Ayuso recibió 283.000 euros a través de cuatro pagos, al tiempo que defendió que “todo era completamente legal”, y más tarde, en marzo de este año, la fiscalía europea archivó la investigación sobre esas comisiones al considerar que no había indicios suficientes de delito de fraude de subvenciones de fondos FEDER.

La medicalización “no se produjo”

Echeverría también presumió en el Parlamento Europeo de que Madrid “fue pionera en el análisis de aguas” durante la pandemia, si bien la Mara de Residencias asegura que en ningún caso estos análisis fueron usados para prevenir y controlar el virus, “ni donde se recogían estas muestras, ni en las residencias” de mayores. Sobre las declaraciones que el político popular hizo a cerca del Hospital Zendal, al asegurar que fue el “mayor centro de pandemias del mundo” y que se construyó en tan solo 100 días, la plataforma recuerda que su construcción comenzó el 7 de julio de 2020 y que cuando se inauguró el 1 de diciembre “aún no estaba finalizado”. “¿Qué hubiera pasado si ese presupuesto millonario se hubiera asignado al control de la pandemia en las residencias?”, se preguntan.

La Marea de Residencias también cuestiona las palabras de Echeverría sobre que se medicalizaran “232 residencias”, tal y como indicó en su intervención, pues aseguran que “la medicalización de las residencias nunca llegó a producirse”. Pese a que el eurodiputado sostuvo que se enviaron unos 175.000 medicamentos a las residencias de la región, el colectivo sostiene que “en la mayoría de las residencias no había oxígeno ni existían los cuidados paliativos, así como personal cualificado para administrarlos”.

La plataforma define como “protocolos de la vergüenza” las medidas aplicadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en las residencias de mayores y siguen denunciando la “precariedad, la falta endémica de personal y las décadas de falta de financiación” en estos centros de la región. Mantienen además la esperanza de que su petición en Bruselas para que se esclarezcan las más de 7.200 muertes en esos centros “permanezca abierta” tras su intervención en el Comité de Peticiones y aseguran que seguirán luchando para que se haga “justicia”.