Los datos que desmienten al PP de Extremadura: la caza no ayudaría al Parque Nacional de Monfragüe

El Gobierno del PP y Vox de la Junta de Extremadura, presidido por María Guardiola, planea recuperar la caza como método para el control poblacional de especies dentro del Parque Nacional de Monfragüe. Así lo han hecho oficial y la norma, que bordea la ilegalidad, debe sustentarse en informes que avalen la medida.

Concretamente, la Junta de Extremadura necesitaría de avales científicos que certifiquen que los actuales sistemas de control poblacional no son efectivos y que las batidas (grupos de cazadores) son la forma más eficaz y recomendable. Cazar en un Parque Nacional está prohibido y su regreso, siempre de forma temporal y ligado al control de plagas, tiene que estar sustentado en muchas evidencias.

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Monfragüe tiene un exceso de ciervos y jabalís, un contexto que impide el desarrollo de cierta vegetación y que requiere controles de salubridad para evitar el aumento de la tuberculosis antes de que se traslade a la ganadería de la región y, por tanto, se vuelva un problema de salud pública. Pero según los datos a los que ha tenido acceso Infobae España, los actuales métodos funcionan. A pesar de no ser los ideales a ojos del ecologismo, el uso de cercones y balas cautivas demuestran un descenso de estas especies que superpueblan el Parque.

En la temporada 2021 y 2022, se pusieron como objetivo 561 ciervos y 500 jabalís, de los cuales fueron capturados el 40% y el 59% respectivamente. En lo que va de la temporada 2022/2023, a falta de tres meses se han capturado un 32% de los ciervos previstos y un 73% de los jabalís. El actual método frena la expansión de estas especies en el Parque Nacional de Monfragüe y la caza no se antoja necesaria, puesto que serían necesarios argumentos que pongan en tela de juicio la actual gestión.

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A la luz de estos datos, Irene de Miguel, diputada por Unidas por Extremadura, considera que el actual Gobierno de Guardiola pone en valor la caza porque, ”como Vox se ha quedado la dirección general de caza, el PP tiene que demostrar que también les defiende”. Por estos motivos, arguye la portavoz de la formación, se ignoran los hechos científicos: “No se agarran a ningún dato y ni siquiera su propuesta se debe a que la gestión no sea eficaz”, sostiene la diputada, que reconoce la presión mediática que ejercen como lobby mediante la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza): “Es un gran lobby hasta el punto de que se les ha aprobado una ley hecha a medida”, dice con relación a la Ley de caza anunciada hace dos legislaturas.

Para contentar al sector, Guardiola aspira a que sean los cazadores quienes lleven a cabo los controles de población, aunque Irene de Miguel considera que también es un engaño para la propia industria, ya que la caza comercial está prohibida bajo cualquier circunstancia en un Parque Natural: “Será un control poblacional sin llevarse nada, ni los cuerpos, ni premios, ni nada. Es una manera de engañar al sector también, porque no se va a poder cazar como tal en Monfragüe, pero quieren dar esa imagen”, sentencia la política.

La crítica desde el sector ecologista se construye desde el tiempo necesario para que un plan funcione: “Las medidas necesitan tiempo, al menos 3 o 4 años. Y a partir de ahí revaluar, porque así sabrás los resultados. Pero llevamos apenas dos años, no se pueden tomar decisiones porque no hay aún perspectiva global y las cosas en la naturaleza siempre son a medio y largo plazo”, apunta Juan Carlos Monasterio, de Ecologistas en Acción. El activista entiende esta nueva normativa como una devolución de favores para el lobby: “Es un pago a Fedexcaza por el apoyo electoral”, zanja Monasterio.