La Audiencia Nacional ha rechazado adoptar las medidas cautelares que Banco Sabadell, Bankinter y Kutxabank habían solicitado en relación al recurso que la gran banca presentó contra el impuesto extraordinario temporal a la banca aprobado por el Gobierno el año pasado.
La negativa de la Audiencia Nacional hace referencia a dos medidas cautelares que pidieron en febrero las tres entidades relacionadas con la suspensión del pago del impuesto hasta que se alcance un fallo definitivo y elevar la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE. La Audiencia ha denegado las dos medidas cautelares sin determinar la validez o la legalidad del impuesto.
El resto de grandes bancos recurrieron la liquidación del impuesto extraordinario temporal, pero no solicitaron las dos medidas cautelares. Y es precisamente ahora cuando las entidades afronta el segundo pago del impuesto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para financiar medidas que mitigaran la inflación tras la guerra de Ucrania. El Gobierno prevé recaudar con él más de 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024.
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Los grandes bancos tienen de plazo hasta el 20 de septiembre para cumplir con Hacienda. Además, existe la posibilidad de que se amplíe en el tiempo, según ha advertido la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño.
El tributo grava con el 4,8% los intereses y comisiones de los bancos que facturaron más de 800 millones de euros en 2019, año previo a la pandemia. Ya abonaron en febrero el primer pago del impuesto que alcanzó los 1.120 millones de euros. CaixaBank fue la entidad que más aportó 373 millones de euros, seguida por Santander y BBVA, con 224 millones; Sabadell, con 157 millones; Bankinter, con 77 millones, y Unicaja, con 64 millones.
Este pago ocasionó una merma en el beneficio conjunto presentado por la gran banca en el primer semestre del año, que alcanzó los 12.385 millones de euros, lo que supuso casi un 21% más que en el mismo semestre de 2022. Sin el impuesto extraordinario, sus beneficios habrían escalado hasta el 32%.
Según declaró el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, la contribución al tributo “equivaldrá previsiblemente en 2023 a un importe igual al 5% del resultado neto consolidado de 2022″.
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Objetivo: la impugnación
La banca debe afrontar este gravamen a pesar de que lo ha recurrido en los tribunales con el objetivo de impugnarlo. Según fuentes de la Asociación Española de la Banca, se trata de “una medida que entorpecerá la recuperación económica y la creación de empleo, en un contexto de incremento de los precios y de tensiones geopolíticas”.
Además, cree que “afecta a las decisiones de crédito y riesgo de las entidades y a su capacidad competitiva en el mercado único europeo”.
Este impuesto temporal, que en principio se ha establecido para 2022 y 2023, podría ampliarse en el tiempo, según ha señalado Nadia Calviño, que no descarta que se extienda durante un año más e incluso hacerlo permanente. Asegura que el Gobierno evaluará en 2024 los resultados de la prestación y la conveniencia de dar carácter permanente a este impuesto. La decisión está condicionada, aseguró, a la economía y a los beneficios de la banca.
“En la medida en que haya beneficios extraordinarios, habrá que considerarlo. Pero vamos a ver cómo sigue evolucionando la situación económica, la situación presupuestaria y cómo siguen evolucionando los beneficios del sector bancario”, indicó la vicepresidenta.
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