La banca afronta el segundo pago del impuesto temporal tras recurrirlo y con el temor de que se haga permanente

Muy a su pesar, la gran banca afronta el segundo pago del impuesto extraordinario temporal aprobado el año pasado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para financiar medidas que mitigaran la inflación tras la guerra de Ucrania y justificándolo con los ingresos récord que ha obtenido el sector tras la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). El Gobierno prevé recaudar con él más de 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024.

Los seis grandes —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja— tienen de plazo hasta el 20 de septiembre para cumplir con Hacienda, a pesar de haber recurrido este impuesto ante los tribunales. Y con la incertidumbre de que pueda ampliarse en el tiempo, según ha advertido la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño.

El impuesto grava con el 4,8% los intereses y comisiones de los bancos que facturaron más de 800 millones de euros en 2019, año previo a la pandemia, esto es, los seis que cotizan en el IBEX-35. Ya abonaron en febrero el primer pago del impuesto que alcanzó los 1.120 millones de euros. CaixaBank fue la entidad que más aportó 373 millones de euros, seguida por Santander y BBVA, con 224 millones; Sabadell, con 157 millones; Bankinter, con 77 millones, y Unicaja, con 64 millones.

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El primer pago ocasionó una merma en el beneficio conjunto presentado por la gran banca en el primer semestre del año, que alcanzó los 12.385 millones de euros, lo que supuso casi un 21% más que en el mismo semestre de 2022. Sin el impuesto extraordinario, sus beneficios habrían escalado hasta el 32%.

Según declaró el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, la contribución al tributo “equivaldrá previsiblemente en 2023 a un importe igual al 5% del resultado neto consolidado de 2022″.

Un impuesto muy cuestionado

La banca debe afrontar este gravamen a pesar de que lo ha recurrido en los tribunales con el objetivo de impugnarlo. Según fuentes de la Asociación Española de la Banca, se trata de “una medida que entorpecerá la recuperación económica y la creación de empleo, en un contexto de incremento de los precios y de tensiones geopolíticas”.

Además, cree que “afecta a las decisiones de crédito y riesgo de las entidades y a su capacidad competitiva en el mercado único europeo”.

Una posible ampliación

Este impuesto temporal, que en principio se ha establecido para 2022 y 2023, podría ampliarse en el tiempo, según ha señalado Nadia Calviño, que no descarta que se extienda durante un año más e incluso hacerlo permanente. Asegura que el Gobierno evaluará en 2024 los resultados de la prestación y la conveniencia de dar carácter permanente a este impuesto. La decisión está condicionada, aseguró, a la economía y a los beneficios de la banca.

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“En la medida en que haya beneficios extraordinarios, habrá que considerarlo. Pero vamos a ver cómo sigue evolucionando la situación económica, la situación presupuestaria y cómo siguen evolucionando los beneficios del sector bancario”, indicó la vicepresidenta.

Calviño no se moja. Argumenta que “no es ni un sí ni un no, tomaremos la decisión sobre la base de la situación cuando llegue el momento de evaluarlo”, añadió.

Una ampliación que no gusta a los analistas. Este es el caso de Nuria Álvarez, de Renta 5, para quien es “muy probable que el gravamen siga en vigor pasado este año”, lo que puede, en su opinión, afectar negativamente a la banca, como ya pasó cuando se anunció su implantación, que “produjo una caída en bolsa de los bancos”.