La venta de pisos ocupados de forma ilegal ha aumentado en los últimos años debido a que los propietarios de estos inmuebles, ya sean bancos, fondos de inversión o particulares, quieren quitarse un problema de encima que puede durar hasta dos años, el tiempo que se prolongue el desalojo.
“Me ocuparon el piso y no sabía qué hacer. Tenía que pagar a los okupas el agua y la luz que consumían, además de la hipoteca, y necesitaba una solución rápida. Vender la vivienda fue una liberación. Tenía que haberlo hecho antes”, señala Carmen, una clienta de la inmobiliaria Urgecompraventa, que vendió su vivienda ocupada.
Quitarse de encima el problema de la ocupación tiene un precio: vender la vivienda hasta un 42% por debajo de su precio de mercado, indican desde la consultora inmobiliaria Templo. Una depreciación sobre viviendas similares de la misma zona que asumen sus propietarios porque “no les queda más remedio, ya que ese descuento les compensa, sobre todo a los pequeños propietarios que se ven desbordados por un problema que pueden arrastrar años”, apunta Ferran Font, director de Estudios y portavoz de pisos.com.
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Pero no solo los pequeños propietarios optan por vender a la baja, también hay bancos toman esa alternativa y trasladan al nuevo comprador el esfuerzo de recuperar la posesión del inmueble e iniciar el procedimiento para echar a los okupas. Según datos de Idealista, los bancos tienen ahora a la venta cerca de 217 viviendas ocupadas con un precio mínimo a partir de 7.000 euros.
Otro factor a tener en cuenta es que vender una vivienda con okupas es totalmente legal. Eso sí, en la escritura de compraventa debe aparecer que la vivienda está ocupada y el comprador debe dar el consentimiento expreso.
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Desde el Ministerio del Interior señalan que en 2022 se produjeron en España 16.726 denuncias por ocupación, lo que supone el 0,06% del parque de 26 millones de viviendas que existe en nuestro país.
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El ‘ahorro’ que supone vender a la baja
La depreciación que se produce en las casas ocupadas puede verse algo compensada con el ahorro que logran sus propietarios al desprenderse de ellas, al no tener que pagar gastos recurrentes que deben afrontar durante la ocupación, como los del gas, el agua, la luz, la comunidad, el IBI o la hipoteca, además “de los que se deriven del procedimiento judicial para desahuciar a los okupas, entre ellos, la contratación de un abogado y de un procurador”, señala Arantxa Goenaga, abogada y socia de Círculo Legal Barcelona.
Pero los principales beneficiados con este tipo de transacciones son los compradores. “En su mayoría son inversores que adquieren el inmueble a un menor precio de mercado y su objetivo es sacar de él la mayor rentabilidad posible vendiéndolo o alquilándolo cuando se vacíe”, señala Font.
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El riesgo de comprar a ciegas
No obstante, no todas son ventajas para los compradores. Uno de los inconvenientes a los que se enfrentan es que, en la mayoría de las ocasiones, compran el inmueble a ciegas. No saben en qué condiciones está debido a que los okupas no les dejan acceder a la vivienda. Tampoco a los tasadores, por lo que el comprador tendrá que tener el capital suficiente para comprar el inmueble, ya que el banco no da hipotecas sobre viviendas sin haberlas tasado.
Además, la vivienda a precio de ganga que han comprado puede no serlo tanto, sobre todo si los okupas realizan daños en el inmueble y obligan al comprador a reformarlo y acometer unos gastos que no tenía previstos y que encarecerán la inversión.
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