El Gobierno aprueba el plan contra incendios y ayudas para paliar daños provocados por fenómenos naturales

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al plan de prevención y lucha contra los incendios forestales para este verano y lo que resta de 2023. Según ha informado el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, el Gobierno pondrá en marcha un dispositivo en el que participan las brigadas de refuerzo en incendios forestales y la flota de hidroaviones de gran capacidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además del trabajo que desarrollan los cuerpos de seguridad del Estado, la Unidad Militar de Emergencias y la Dirección General de Tráfico, que gestiona las carreteras en caso de incendio.

Grande-Marlaska, que ha asegurado que el cambio climático es una prioridad para el Gobierno, ha recordado que en 2022 en España se quemaron más de 300.000 hectáreas, convirtiéndose en el país con mayor superficie quemada de Europa, según los datos del sistema europeo de información sobre incendios forestales. Además, ha añadido el ministro, los incendios forestales -aquellos que superan las 500 hectáreas- que afectaron a España el año pasado fueron “tres veces superior a la media de los últimos diez años” y provocaron la muerte de cuatro personas.

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Zonas gravemente afectadas

El Gobierno también ha aprobado declarar zonas afectadas gravemente por emergencia de protección civil “los territorios de todas las comunidades autónomas que desde el pasado 20 de agosto y hasta el 8 de junio de este año hayan sufrido incendios forestales, nevadas, inundaciones y otras emergencias provocadas por fenómenos de distinta naturaleza”, ha indicado el ministro en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Se trata de 80 episodios ocurridos en casi una quincena de regiones, ha indicado Grande-Marlaska, de forma que podrán reclamar ayudas las personas que hayan sufrido daños o perdido su vivienda, así como quienes hayan sufrido desperfectos en establecimientos o “las corporaciones locales que hayan tenido que afrontar gastos para recuperar los servicios públicos” a consecuencia de esos desastres naturales.

El Consejo de Ministros también ha aprobado el Real Decreto que fija la Norma Básica de Protección Civil, que no se modificaba desde 1992, según ha indicado el ministro, una norma que “garantiza una planificación coherente y homogénea y un funcionamiento eficiente del sistema nacional al tiempo que fija los riesgos que deben ser objeto de planificación”, ha añadido.

En concreto, estos riesgos son inundaciones, terremotos, maremotos, riesgos volcánicos, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes en instalaciones en las que se utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas, accidentes de aviación civil, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, y protección de la población en caso de conflicto bélico.

Campaña adelantada

El Gobierno adelantó el inicio de la campaña estatal contra incendios al pasado 28 de abril, “día en el que, casi dos meses antes de lo habitual, se constituyó el comité estatal de coordinación y dirección que gestiona todos los medios de la Administración en este ámbito”, ha recordado el ministro, que también ha informado de que el Ejecutivo ha aprobado el real decreto que actualiza la norma básica de protección civil.

En 2022 la Guardia Civil concluyó que 584 incendios habían sido intencionados.

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