
El 98% de la producción nacional de fresas y el 30% de la de Europa se concentra en el Parque Nacional de Doñana, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y un entorno natural muy damnificado por la sequía. Estos son los dos datos clave que han provocado un enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Gobierno, azuzado por la cercanía de las elecciones generales del 23J, en las que el territorio andaluz es el que aporta más diputados.
La Junta de Andalucía que dirige Juanma Moreno aprobó, con el apoyo de Vox, la tramitación de una proposición de ley para legalizar los regadíos irregulares en numerosas hectáreas aledañas a Doñana. La concesión de licencias a nuevos agricultores que bombean ilegalmente agua en una zona tan damnificada por la sequía provocó una avalancha de críticas que se extendieron hasta Bruselas. El Ejecutivo comunitario advirtió de que esta propuesta podría deteriorar el humedal protegido e iba en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TJUE) que obliga a protegerlo y a tomar medidas concretas contra los pozos ilegales.
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El fuego político se avivó con una petición de boicot contra la fresa española por parte de una asociación alemana parecida a Change.org en España, en la que más de 150.000 personas han firmado para que supermercados alemanes como Lidl o Aldi no vendan fresas procedentes de España hasta que la Junta no garantice el uso sostenible del agua de Doñana.
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La guerra del oro rojo
La trascendencia internacional del asunto fue el polvorín para la cruzada de acusaciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, justificaron el boicot alemán. Mientras que el presidente señaló en redes sociales que el “negacionismo” arruina el medioambiente y las economías locales, Ribera culpó directamente a Juanma Moreno y le instó a retirar “de inmediato” la ley de regadíos.

No tardó en responder el PP, que acusó al Gobierno de dar alas al boicot a la fresa onubense para atacar al PP con fines electoralistas. El propio Juanma Moreno envió una carta a Sánchez para pedirle que acabase con la “campaña de acoso” a los agricultores de Huelva y acusó al Gobierno de ser cómplice de una campaña difamatoria en ese sentido.
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“Ningún objetivo político, ninguna campaña electoral puede justificar que el Gobierno de España, en boca de su presidente y su ministra de Transición Ecológica, dé amparo e incluso difusión a una sucesión de falsedades que ponen en peligro la rentabilidad y la continuidad de un sector tan trascendente en la economía andaluza”, escribió Moreno Bonilla en la misiva.
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El Gobierno replicó con palabras más duras. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acusó al PP de profundizar el crimen ecológico, mientras que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, acusó a Moreno Bonilla de actuar como un “pirómano” que quiere aparentar que se ha puesto el casco de bombero, mientras que Teresa Ribera señaló que Moreno tenía un comportamiento de “gamberro”. Otro de los mensajes que molestó especialmente al PP fue lanzado a través de la cuenta de Twitter de los socialistas: “Tenemos que frenar el terrorismo medioambiental. Un tesoro como Doñana no es cortijo de nadie”, aseveró el partido.
Elías Bendodo lamentó estos insultos “propinados por miembros del gobierno y del partido de Pedro Sánchez” a los que sumó los de la ya expresidenta del PSOE de Sevilla Amparo Rubiales hacia su persona al llamarle “judío nazi”. “Es una espiral en la que están presos por un ataque de nervios, porque el fin de ciclo llega y la única forma que tiene Sánchez es insultar”, replicó el coordinador general del PP.
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En el mismo sentido se pronuncia la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que acusa a Sánchez de entrar en la “espiral del perdedor” al intentar “provocar” a su partido, mientras que el PP hará “contrario”. Lo cierto es que los ‘populares’ han aprovechado el enfado de la izquierda por la situación de Doñana para ensalzar una posición moderada y serena de cara al 23J. “El PP hará una campaña llena de ideas, superando la polarización y el enfrentamiento que el sanchismo quiere instaurar”, asegura Gamarra, que apunta a la moderación frente a la “desesperación, los golpes de efecto inútiles y los ataques permanentes”.
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