El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido este lunes convocar elecciones generales para el próximo el 23 de julio, un día después de la debacle electoral del 28-M en el que el PSOE ha perdido gran parte de su poder territorial y su socio de coalición, Unidas Podemos, ha quedado reducido a su mínima expresión. Sánchez ha anunciado por sorpresa este atrevido movimiento político para intentar despertar y movilizar de manera urgente al votante progresista e impedir así un Gobierno PP-Vox. Con todos los pronósticos en contra, Sánchez se la juega a una sola carta.
Con esta decisión, finalizada una campaña electoral (la de las municipales y autonómicas) comienza otra inmediatamente. PP y Vox decidieron desde un primer momento que los comicios de este domingo se debían convertir en un examen nacional a la gestión del Gobierno. Nada de hablar de recogida de basuras o sanidad pública, los temas que realmente se votaban este 28-M.
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Sánchez recogió el guante. Sus socios de Unidas Podemos utilizan a menudo la expresión de que hay que legislar “para mejorar la vida de la gente”. El presidente inundó la precampaña con grandes anuncios (sobre todo, en temas de vivienda) y supuso que sus años de gobierno, con una ingente actividad legislativa, eran aval suficiente para imponerse a una oposición cada vez más combativa. ¿Se equivocó? Los resultados de este domingo parecen indicar que sí.
Las leyes del Gobierno de Sánchez
Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018 tras echar a Mariano Rajoy con una moción de censura. En 2019 aprobó cinco leyes, tres leyes orgánicas y 18 reales decretos ley. A finales de 2019 convocó elecciones y ganó. En 2020, con la pandemia del coronavirus cambiando nuestras vidas, el nuevo Ejecutivo de coalición formado por socialistas y Unidas Podemos aprobó once leyes, tres leyes orgánicas, 39 reales decretos ley y un real decreto legislativo.
Desde Moncloa creían que este era el camino a seguir. La crisis derivada de la pandemia obligó al Ejecutivo a tomar su primera medida de calado para la reactivación del empleo y la protección de empresas y autónomos: los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Después llegó la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En 2021, Sánchez y sus socios aprobaron 22 leyes, 11 leyes orgánicas y 32 reales decretos ley. El siguiente año fue especialmente productivo: 39 leyes, 15 leyes orgánicas y 20 reales decretos ley en 2022. En lo que llevamos de 2023 el balance es de 13 leyes, cuatro leyes orgánicas y cuatro reales decretos ley. En total, 240 normas entre 2019 y 2023.
Imposible enumerarlas todas: una nueva reforma laboral (gracias al error en el voto de un diputado del PP); las diferentes subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que desde 2019 ha pasado de 900 euros a 1.080 euros mensuales; la subida de las pensiones acorde al IPC; el tope al gas para intentar reducir la factura energética de los hogares españoles; los impuestos a las entidades financieras; una nueva ley de Vivienda; la ‘Ley Trans’, ayudas a agricultores y ganaderos por la sequía
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También ha habido decisiones polémicas que han tenido que ser modificadas, como la ley del ‘Solo sí es sí’, que desembocó en una crisis de Gobierno entre PSOE y Unidas de Podemos. Más de 1.000 condenados con delitos sexuales vieron reducidas sus condenas y más de un centenar fueron excarcelados. No obstante, cabe destacar que este Ejecutivo de tantas sensibilidades distintas ha sido capaz de aprobar tres Presupuestos Generales del Estado en tres años, todos ellos en tiempo y forma y cada vez con mayor gasto social. No ha sido suficiente. El PP ha obtenido 757.000 votos más que el PSOE.
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