Laura Fernández anuncia en El Salvador una estrategia de “mano dura” inspirada en el modelo de Bukele

En el marco de un encuentro bilateral de trascendencia regional, la presidente de Costa Rica, Laura Virginia Fernández Delgado, sostuvo una reunión oficial con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Durante el encuentro, que culminó con la firma de nuevos acuerdos en materia de combate al crimen organizado, la gobernante costarricense detalló los pilares fundamentales de la estrategia de “mano dura” que implementará en su país, tomando como referente directo las políticas penitenciarias y de seguridad del modelo salvadoreño.

Infobae estuvo presente en la conferencia de prensa en la que ambos líderes ratificaron su compromiso de cooperar de forma transnacional contra el narcoterrorismo.

Fernández Delgado explicó abiertamente los motivos que la llevaron a trasladarse a suelo salvadoreño y recorrer las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las obras insignes del plan de seguridad de Bukele. Para la mandataria costarricense, el intercambio institucional resulta imprescindible para contener la escalada delictiva que amenaza a la región.

En la rueda de prensa presenciada por Infobae, la presidente detalló de forma minuciosa en qué consiste la doctrina de “mano dura” que abandera su administración, partiendo de dos premisas doctrinales y sociopolíticas clave para el diagnóstico de la crisis actual.

“Partimos de dos premisas. Primero, que un Estado que pierde el control de su territorio y que se lo cede a las pandillas o a los delincuentes, donde la gente buena es la que está tras las rejas de su propia casa, es un Estado fallido”, argumentó con vehemencia la presidenta.

Como segunda premisa, Fernández situó el valor supremo de la vida humana y la reparación moral a las familias golpeadas por el sicariato y el narcotráfico:

“A un hijo asesinado nadie lo reinstala a la sociedad, a una viuda nadie le devuelve al marido, a un huérfano nadie le devuelve a su padre o a su madre. Así que por esa razón, desde mi gobierno estamos impulsando cambios en las políticas públicas en Costa Rica y sí, cambios de mano dura”.

La mandataria precisó que esta política no implica vulnerar las garantías fundamentales, sino priorizar a las víctimas sobre los delincuentes. “No se trata de renunciar a los derechos humanos que nuestro país históricamente ha defendido... Se trata de proteger también con una pasión y un compromiso aún mayor el derecho de las familias honestas a vivir sin miedo”, añadió.

Reformas legales y críticas al sistema judicial costarricense

Uno de los puntos más álgidos abordados por Fernández fue la necesidad urgente de modernizar el marco jurídico de su país, el cual calificó de obsoleto frente al accionar de estructuras delictivas transnacionales que emplean herramientas avanzadas como la inteligencia artificial y complejas redes de lavado de dinero.

Fernández cuestionó severamente las decisiones del Poder Judicial en Costa Rica, acusando a ciertos sectores procesales de propiciar un ambiente de impunidad mediante la liberación reiterada de delincuentes peligrosos. Para ilustrar la gravedad de la situación, citó el trágico homicidio del oficial de policía Gerson Rosales, abatido por un sicario que sumaba múltiples detenciones previas sin condena efectiva.

“¿Quién fue verdaderamente el responsable de que Gerson Rosales fuera asesinado? ¿El gatillero o las autoridades que permitieron que ese gatillero anduviera suelto y jalara ese gatillo?”, cuestionó la gobernante.

Ante este contexto, la mandataria anunció que impulsará reformas legislativas inspiradas en las leyes salvadoreñas de sanción a la pertenencia a organizaciones criminales. Asimismo, prometió que los criminales de alta peligrosidad, especialmente quienes atenten contra la vida de los miembros de las fuerzas policiales, purgarán penas severas y sin privilegios en el nuevo presidio CACCO.

Cero tolerancia a la corrupción y aplicación del modelo “Cero Ocio”

El plan integral de mano dura anunciado por la administración costarricense contempla también un esquema de “cero tolerancia” a la corrupción dentro de los cuerpos policiales y en los órganos de administración de justicia, remarcando que señalar estas irregularidades no constituye una injerencia en la división de poderes, sino un acto de responsabilidad gubernamental.

En el ámbito penitenciario, Fernández confirmó la adopción del programa salvadoreño “Cero Ocio”, diseñado para eliminar las granjerías e incentivos dentro de las carcelerías que históricamente permitían la transformación de los centros penales en sedes operativas de extorsión y ejecución de delitos.

“Este es el mensaje contundente que le doy a los narcoterroristas: no encontrarán en nuestras naciones gobiernos dispuestos a rendirse ni pueblos dispuestos a vivir de rodillas frente al crimen. En Costa Rica no aflojamos ni un milímetro”, sentenció la mandataria al cierre de la conferencia de prensa.

Con la ratificación de esta alianza entre San José y San Salvador, ambos países trazan una hoja de ruta conjunta enfocada en el rigor penal, el fortalecimiento de las fronteras y la persecución internacional del crimen organizado en la región.