Por qué más de la mitad de los cotizantes salvadoreños planea seguir trabajando después de los 60 años, según una encuesta universitaria

Más de la mitad de los salvadoreños que cotizan en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) no confía en que su jubilación le alcance para vivir. Por eso, el 50.1% planea seguir trabajando después de los 60 años, ya sea con un empleo, un negocio propio o por cuenta propia, en lugar de depender de lo que reciba del sistema previsional.

El dato surge de una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA), realizada entre el 27 de abril y el 27 de mayo de 2026 entre 453 personas, con un margen de error de 4,60% y un nivel de confianza de 95%.

El informe divulgado el jueves, revela que solo el 4.8% de los cotizantes espera vivir exclusivamente de su pensión. Otro 13.6% confía en sus ahorros personales y un 6.8% en inversiones propias.

La reforma que el Gobierno negocia con el FMI

El rechazo a trabajar más años o pagar más cotización no es un dato aislado. Ocurre cuando el Gobierno salvadoreño negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una reforma paramétrica del sistema de pensiones, comprometida dentro del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

Según Diario El Mundo, el organismo sugiere que el Estado reduzca su dependencia del ahorro de los trabajadores y contenga sus pasivos contingentes. La propuesta de ley se discutiría en 2027, luego de que el Ejecutivo aplazara el calendario original, que preveía presentarla en febrero de este año.

Esa reforma implicaría pagar más cotización o trabajar más años para jubilarse, dos medidas que el 67.9% y el 83.5% de los cotizantes, respectivamente, rechazan según la encuesta del Iudop-UCA.

Las AFP descuentan el 7.25% del salario de cada trabajador, mientras el empleador aporta otro 8.75%, hasta completar una tasa de cotización del 16% sobre el ingreso base. Ante la posibilidad de subir ese descuento para obtener una pensión mayor, el 67.9% de los cotizantes se mostró en desacuerdo y solo el 32.1% lo aceptaría.

El rechazo es mayor frente a la edad de jubilación, fijada en 60 años para los hombres y 55 para las mujeres: el 83.5% se opone a elevarla y apenas el 14.7% respaldaría extenderla cinco años, de acuerdo con la misma medición.

Una deuda de pensiones que supera los USD 11,000 millones

El trasfondo de la discusión tiene un componente financiero de peso. Hasta agosto, la deuda de pensiones del país alcanzaba los USD 11,761.31 millones, según el Banco Central de Reserva (BCR), consignado por el portal TCS Ahora.

Esa deuda se reparte entre los Certificados de Financiamiento de Transición, con USD 8.393,56 millones, y los Certificados de Obligaciones Previsionales, con USD 3,367.75 millones.

El Gobierno destinará USD 250 millones en 2027 para pagar los primeros intereses de esa deuda desde que entró en vigor la Ley Integral del Sistema de Pensiones, aprobada en diciembre de 2022.

Esa ley estableció un período de gracia de cuatro años para el pago de intereses, que vence en abril de 2027. Según Diario El Mundo, el Estado reconocerá USD 2.300 millones adicionales en intereses devengados pero no pagados a las AFP, que se saldarán mediante un nuevo certificado a lo largo de 46 años con una tasa del 7% anual.

La brecha entre lo que esperan y lo que necesitan

Para pensionarse en El Salvador hace falta cotizar durante 25 años. El 65.9% de los cotizantes cree que lo logrará, frente a un 30.8% que descarta alcanzarlo. Al evaluar la probabilidad real de cumplir ese requisito, la confianza se desinfla: el 54.5% admite que tiene pocas chances y el 11.4% asegura que no tiene ninguna.

El estudio incluyó un cálculo estimado de la futura pensión de cada encuestado según su salario actual. El 62.7% aceptó realizar el ejercicio y, entre ellos, el 59.6% obtendría una pensión menor a USD 401 mensuales.

El sistema arroja una pensión promedio estimada de USD 450. Pese a esa cifra, el 76.9% de los cotizantes considera que no le alcanzará para cubrir sus necesidades básicas en el futuro. La población calcula que necesitaría USD 662.27 mensuales para un buen nivel de vida, una diferencia de USD 212.43 respecto de la pensión que realmente espera recibir.

Desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema

La desconfianza convive con un vacío de información. Solo el 15.7% de los cotizantes afirmó conocer los requisitos y trámites para pensionarse, mientras que el 84.3% reconoció no saberlos.

Tampoco hay claridad sobre el destino de los descuentos salariales. De cada tres dólares que retienen las AFP, uno se destina a la Cuenta de Garantía Solidaria, que financia las pensiones más bajas de otras personas, un mecanismo que solo el 24.2% dijo conocer.

Ese fondo, según Diario El Mundo al citar el informe del FMI, es uno de los puntos que el organismo observa: el Gobierno cubre subsidios no financiados con recursos de esa cuenta, que se nutre exclusivamente de las cotizaciones de los trabajadores.

Esta falta de información se refleja también en la preferencia por la voluntariedad del sistema. El 80.9% considera que cotizar en una AFP debería ser opcional y no obligatorio, frente a un 16.2% que prefiere mantenerlo como una exigencia.

Quienes dejaron de cotizar y el futuro sin pensión

Entre quienes no cotizan en una AFP, el panorama es más incierto. El 58.6% de este grupo había cotizado alguna vez pero dejó de hacerlo, aunque el 65.8% manifestó interés en volver a ahorrar para la vejez pese a no estarlo haciendo.

Entre los no cotizantes, el 25.6% espera cubrir sus necesidades con ahorros propios y el 18.4% planea seguir trabajando. Casi tres de cada diez, el 27.9%, dijo no saber cómo sostendrá su vejez.

Administración pública o privada, la grieta pendiente

La encuesta también indagó sobre quién debería hacerse cargo del sistema. El 30.7% considera que las AFP deberían seguir a cargo de los fondos, mientras que el 28.2% prefiere que lo haga una institución pública. Un 24.7% no tiene una opinión definida al respecto.

Sobre el financiamiento, la opción más respaldada, con el 48%, es que las pensiones se paguen con los impuestos generales que paga toda la población, como el IVA o el impuesto sobre la renta, antes que con aportes individuales o impuestos específicos a los trabajadores.

Ese respaldo a un esquema financiado con impuestos generales coincide con la orientación que sugiere el FMI, que recomienda reducir la dependencia estatal del ahorro de los trabajadores y fortalecer el vínculo entre las cotizaciones y las prestaciones, de cara a la reforma paramétrica que el Ejecutivo salvadoreño se comprometió a presentar ante la Asamblea Legislativa antes de que termine junio de 2027.