La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes, por 55ª vez, una nueva prórroga del régimen de excepción, promovida por los diputados del partido oficialista bajo el argumento de que “todavía existen conductas vinculadas a las pandillas”.
La medida mantendrá suspendidas tres garantías constitucionales durante otros 30 días, desde el 28 de septiembre hasta el 27 de octubre de 2026.
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Los legisladores incorporaron la iniciativa a la agenda de la sesión plenaria 127 y aprobaron su tratamiento con dispensa de trámite. La propuesta, enviada por el presidente de la República mediante el Consejo de Ministros, obtuvo 57 votos para modificar la agenda y la misma cantidad para dispensar el trámite legislativo.
La nueva extensión se basa en la existencia de actividades que, según el decreto, buscan sostener o reactivar estructuras criminales. El documento señala acciones ligadas al tráfico de drogas como una de las fuentes de financiamiento de las pandillas.
Durante la plenaria los funcionarios señalaron que se han detectado intentos de reclutamiento de jóvenes para incorporarlos a estos grupos y la colocación de símbolos alusivos a pandillas en inmuebles de algunos territorios.
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Las autoridades sostienen que esas acciones justifican la continuidad de las operaciones de seguridad para evitar la reorganización de estas estructuras.
La medida mantiene suspendidas tres garantías constitucionales
El régimen de excepción fue aprobado por primera vez el 27 de marzo de 2022, mediante el Decreto Legislativo 333. La Asamblea lo avaló en un contexto de aumento de homicidios que el Gobierno atribuyó a las pandillas y lo presentó como un mecanismo extraordinario para enfrentar a estas organizaciones.
En su versión inicial, la medida suspendió garantías relacionadas con la libertad de asociación, el derecho de defensa, el plazo de detención administrativa, la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
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Con las prórrogas posteriores, el alcance quedó limitado a tres garantías: el derecho de defensa, el plazo ordinario de la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia.
La extensión aprobada esta semana mantiene esas suspensiones en todo el territorio salvadoreño.
La medida permite ampliar el tiempo de detención de una persona antes de su presentación ante un juez. También habilita la intervención de comunicaciones bajo las disposiciones previstas en el régimen.
Previamente el Consejo de Ministros afirmó que estas facultades continúan siendo necesarias para las tareas de investigación criminal, patrullajes, registros preventivos y capturas de personas señaladas de integrar o colaborar con pandillas.
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El Gobierno informó más de 93 mil capturas desde marzo de 2022
La iniciativa leída ante el pleno indicó que, desde el inicio del régimen de excepción, las autoridades han capturado a más de 93,162 personas vinculadas con estructuras criminales.
Según el documento presentado, entre los detenidos hay presuntos integrantes de pandillas en distintos roles y personas con antecedentes por delitos como homicidio, extorsión, robo, agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.
La propuesta también incluyó referencias a la cooperación con autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos para localizar y entregar a El Salvador a personas requeridas por la justicia o relacionadas con estructuras criminales.
La prórroga anterior vence el 27 de septiembre. El nuevo período comenzará el 28 de septiembre, después de la publicación del decreto en el Diario Oficial, y permanecerá vigente hasta el 27 de octubre de 2026.
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