El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez Miranda, acusado de peculado en perjuicio de la administración pública por presuntas irregularidades en la construcción del tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, actual bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
La resolución incluyó la declaratoria de rebeldía del exfuncionario y una orden de captura, según informó Centros Judiciales El Salvador en una publicación difundida a través de sus redes sociales. El tribunal analizó durante la audiencia preliminar los elementos de prueba ofrecidos por las partes y definió cuáles podrán incorporarse en el debate oral.
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La acusación atribuye a Gutiérrez Miranda posibles omisiones e incumplimientos durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP), en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca. Los hechos bajo investigación ocurrieron entre diciembre de 2005 y enero de 2007.
Una pericia financiera contable incorporada al expediente fijó en USD 10,643,278.98 el supuesto perjuicio económico para el Estado salvadoreño. Esa cifra es inferior a los USD 13,723,132.60 consignados en el requerimiento fiscal presentado originalmente en 2022, pero constituye el monto que sostiene la acusación actual.
De acuerdo con la investigación fiscal, el proyecto debía completarse en 420 días. Sin embargo, el plazo venció sin que la obra concluyera, pese a que la empresa a cargo había recibido los pagos mensuales previstos en el contrato.
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La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que las actuaciones atribuidas al exministro permitieron desembolsos y pagos que no correspondían con el avance físico de los trabajos. Una pericia técnica también revisó la supervisión y ejecución del proyecto.
En 2023, la Fiscalía informó que, al llegar a la mitad del plazo contractual, la obra registraba apenas 39% de avance. La responsabilidad penal de Gutiérrez Miranda deberá determinarse durante el juicio, una vez que se practiquen las pruebas admitidas por el juzgado.
El tramo II acumuló atrasos, arbitrajes y nuevos contratos
El proceso se concentra en el segundo tramo de la vía, de 3.9 kilómetros, entre el bulevar Merliot y Los Próceres, en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). El contrato inicial superaba los USD 25.6 millones, aunque la ejecución quedó abandonada a finales de 2008, tras demoras y un arbitraje que implicó nuevos desembolsos estatales.
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La construcción del bulevar comenzó en 2005 y se dividió en dos sectores. El primer tramo, de casi cuatro kilómetros entre la colonia Las Delicias y el bulevar Merliot, fue contratado por USD 20.7 millones y terminó en diciembre de 2007, después de retrasos.
El MOP retomó la parte inconclusa en 2011. Tras dos licitaciones declaradas desiertas, adjudicó un nuevo contrato a las empresas DISA y OMNI por USD 33.1 millones. La pista principal de concreto hidráulico del tramo II quedó concluida el 14 de noviembre de 2012.
Algunos medios locales han calcularon que el costo acumulado del tramo II alcanzó USD 56,408,998, mientras que el costo total de los 8.63 kilómetros de la obra, incluidos el primer tramo y los arbitrajes, llegó a USD 99,350,354.34.
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El caso también tuvo un recorrido en la Corte de Cuentas de la República (CCR). La Cámara de Segunda Instancia confirmó una sentencia que estableció responsabilidad patrimonial por USD 3,234,541.52 contra exfuncionarios vinculados al proyecto.
La orden de captura contra Gutiérrez Miranda se mantiene vigente tras la declaratoria de rebeldía. El expediente pasará a la fase de juicio cuando se concrete su comparecencia ante la justicia salvadoreña.
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