“Ordenaron lanzar una granada en el penal”: Fiscalía expone caso de la MS-13 durante la audiencia contra 485 cabecillas en El Salvador

El asesinato del jefe fiscal de Usulután en marzo de 2015 y el homicidio de un sargento en 2016, bajo la denominada orden de “apertura de válvulas”, forman parte de los hechos presentados por la Fiscalía General de la República durante la Audiencia Única Abierta en contra de 485 cabecillas de la MS-13. Ambos casos se incluyen entre los al menos 86 homicidios atribuidos a la estructura criminal en la zona oriental del país, cometidos entre 2012 y 2022.

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que estos crímenes fueron ordenados desde los máximos niveles de la organización. En la acusación se identifica a la ranfla histórica, los corredores de programa y otros mandos en libertad como responsables de transmitir instrucciones directas para la ejecución de asesinatos y otros delitos, tanto a miembros dentro como fuera de los penales.

La exposición del Ministerio Público también abordó ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, así como el asesinato de un custodio penitenciario. Se detalló que estos hechos, cometidos en diferentes años, respondieron a instrucciones de los líderes de la pandilla y se enmarcan en estrategias de control territorial y represalia.

Uno de los episodios que la Fiscalía destacó por su gravedad fue el lanzamiento de una granada fragmentaria dentro del Centro Penal de Ciudad Barrios, en San Miguel, el 24 de marzo de 2017. La acusación atribuye la orden a los principales cabecillas de la MS-13 y sostiene que el ataque, motivado por disputas internas, provocó la muerte de varios integrantes de la misma estructura. El fiscal sostuvo: “La estructura criminal, y principalmente sus cabecillas, ordenaron lanzar una granada fragmentaria en el interior del centro penal de Ciudad Barrios el día 24 de marzo de 2017”.

A lo largo del proceso, la Fiscalía argumentó que la violencia ejercida por la organización tenía como finalidad presionar al Estado para obtener beneficios carcelarios y mantener el control sobre territorios específicos del oriente del país. El fiscal señaló que las víctimas incluyen empleados de instituciones públicas, agentes policiales y personas particulares, seleccionados por decisión de los líderes.

En el juicio, la Fiscalía presentó pruebas documentales y testimonios para respaldar la autoría intelectual y material de los crímenes atribuidos a la ranfla histórica y los corredores de programa. Se detalló la coordinación entre dirigentes internos y externos, quienes mantenían comunicación para organizar las acciones delictivas y garantizar la operatividad de la estructura durante una década.

El proceso judicial se desarrolla en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Perfil de los imputados y dimensión del proceso

A los 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) se les atribuyen, en total, más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. Con este proceso, la Fiscalía señala a estos mandos como responsables de los delitos cometidos por la estructura criminal en ese período.

Entre los sujetos procesados figuran más de 20 cabecillas de la ranfla histórica, 210 ranfleros y alrededor de 150 corredores de programa. Del total de imputados, unos 410 permanecen en diferentes centros penitenciarios del país, incluido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), mientras que cerca de 70 están ausentes y cuentan con órdenes de captura giradas en su contra.

Los delitos imputados en este juicio incluyen homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de armas de fuego, feminicidio, homicidio tentado y privación de libertad. Al concluir los alegatos, la Fiscalía General de la República prevé finalizar su intervención con la solicitud de la pena para cada imputado. Después, el juicio continuará con la participación de la defensa y quedará a la espera de la decisión del tribunal.