La Corte Suprema de Justicia de El Salvador inauguró una pasantía con magistrados de Perú sobre extinción de dominio

Los poderes judiciales de El Salvador y Perú han consolidado un espacio de diálogo y aprendizaje conjunto orientado al fortalecimiento de la justicia especializada en extinción de dominio.

En el marco de esta cooperación internacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador inauguró una pasantía que reunió a magistradas y magistrados del Poder Judicial del Perú, con el respaldo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos.

La iniciativa, presidida por el titular de la CSJ salvadoreña, Henry Alexander Mejía, contó con la participación del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Ramón Iván García, y el magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza.

Estos encuentros han buscado promover el intercambio de criterios jurídicos, experiencias y conocimientos especializados mediante jornadas de diálogo y análisis entre ambas naciones. El objetivo principal es contribuir al fortalecimiento de la justicia en materia de extinción de dominio, área clave en la lucha contra el crimen organizado y la recuperación de activos ilícitos.

Durante la pasantía, se celebraron dos conversatorios centrales. En el primero, participaron magistrados de las Cámaras Primera y Segunda contra el Crimen Organizado, quienes compartieron experiencias sobre la construcción de jurisprudencia, el papel de las cámaras en los procesos judiciales y la naturaleza jurídica de la extinción de dominio.

Este espacio permitió abordar aspectos relevantes relacionados con la aplicación de la ley y la protección de los intereses del Estado frente a bienes de origen ilícito.

En el segundo conversatorio, el magistrado Alejandro Antonio Quinteros Espinoza expuso la jurisprudencia más relevante de la Sala de lo Penal de El Salvador en materia de extinción de dominio. A su vez, la magistrada Sandra Luz Chicas de Fuentes profundizó en el alcance del recurso de casación, sus causales y la valoración probatoria dentro de los procedimientos de extinción de dominio. Estas intervenciones permitieron a los asistentes analizar en detalle los retos y avances en la aplicación de estos mecanismos legales.

El intercambio de experiencias no solo ha fortalecido los vínculos entre los poderes judiciales de El Salvador y Perú, sino que también ha impulsado la construcción conjunta de conocimiento especializado. La cooperación entre ambas instituciones se ha visto reflejada en la participación activa en eventos internacionales y la promoción de buenas prácticas que contribuyen al desarrollo de una justicia más sólida, moderna y efectiva.

A lo largo de los últimos años, las autoridades judiciales salvadoreñas y peruanas han mantenido relaciones de cooperación a través de la suscripción de convenios y la participación en foros regionales e internacionales sobre extinción de dominio, lavado de activos y combate al crimen organizado. Estos acuerdos han facilitado el intercambio de información, la capacitación de funcionarios y el desarrollo de estrategias conjuntas orientadas a la recuperación de activos y la persecución de delitos complejos.

La presencia de delegaciones de alto nivel en las jornadas celebradas en San Salvador evidencia el compromiso de ambas naciones con la consolidación de una justicia especializada y la actualización constante de sus marcos jurídicos.

El acompañamiento de organismos internacionales, como la Embajada de Estados Unidos a través de la INL, ha sido un factor clave para viabilizar el desarrollo de estas actividades y garantizar la incorporación de estándares internacionales en la gestión judicial.

Las autoridades de El Salvador y Perú han reiterado su disposición para continuar profundizando la cooperación bilateral, explorando nuevas áreas de trabajo conjunto y fortaleciendo los canales de comunicación institucional.

El intercambio de experiencias sobre extinción de dominio se consolida como un ejemplo de las iniciativas que buscan mejorar la efectividad de la justicia y responder a los desafíos que plantea la criminalidad organizada en la región.

Este tipo de actividades refuerza el compromiso de los poderes judiciales de ambos países con la transparencia, la legalidad y la protección de los bienes públicos, sentando las bases para futuras acciones conjuntas y el perfeccionamiento de los mecanismos jurídicos en beneficio de la sociedad.